Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo jefe del Clan del Golfo, amaneció este jueves en una cárcel de Nueva York, donde tendrá su primera audiencia en la tarde, después de una extradición exprés que acabó con una novela jurídica de un semestre. Además de ser uno de los narcotraficantes más buscados, también ha sido un señor de la guerra, de las muchas guerras que se han librado en el último medio siglo en Colombia, por lo que diversos sectores, incluyendo a sus víctimas, pedían que se quedara a responder, y aportar verdad, ante la justicia de su país.
Otoniel fue capturado en medio de un operativo militar en octubre, aunque él ha asegurado que se entregó a los uniformados que lo perseguían. Desde entonces, declaró en varias ocasiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, y dio decenas de nombres de militares –incluso generales–, políticos, funcionarios y empresas que supuestamente tuvieron vínculos con los paramilitares. Con 35 de sus 50 años en el mundo criminal, antes de capo del narcotráfico, Otoniel fue guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL) y miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Desde varias orillas defendían que su versión sobre el conflicto armado, así como esos contactos del Clan del Golfo con militares y políticos, eran de enorme valor para la sociedad colombiana, que busca doblar la página de la guerra. Las múltiples trabas para que declarara –en particular ante la Comisión de la Verdad, que tiene un mandato extrajudicial– dejaron en evidencia, una vez más, los obstáculos con los que se ha topado el sistema de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz. Desde el Gobierno defienden que puede seguir entregando aportes desde Estados Unidos, aunque los incentivos para que lo haga son inciertos.
El presidente Iván Duque declaró desde un primer momento su intención de extraditar al líder del Clan del Golfo, una banda que ha pasado por varios nombres, se autoproclama como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). La entrega, este miércoles, solo se pudo materializar luego de que el Consejo de Estado levantó una medida cautelar que buscaba impedirla, como informó el propio Duque al hacer el anuncio. Una caravana policial con cinco vehículos blindados escoltó a Otoniel desde su lugar de reclusión en Bogotá hasta un aeropuerto militar de Catam, donde fue embarcado en un avión de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.
El mandatario insistió en asemejar a Otoniel con Pablo Escobar –una comparación que los analistas consideran desproporcionada–, además de describirlo como asesino de líderes sociales y policías, además de abusador de niños, niñas y adolescentes. En tribunales de Nueva York y Florida es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico. Según el presidente, una vez cumpla esas condenas “regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió”. Sin embargo, los voceros de las víctimas advierten que en la justicia norteamericana las violaciones de derechos humanos en Colombia pasaran a un segundo plano.
Una de las altas cortes de Colombia, el Consejo de Estado, había suspendido provisionalmente la semana pasada la extradición de Otoniel para estudiar un recurso presentado por agrupaciones de víctimas, principalmente del departamento del Chocó, que buscaban proteger sus derechos a la verdad, justicia y reparación. En Colombia, el líder del Clan del Golfo tiene 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias por crímenes como homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.
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