La economía mexicana ha recorrido un camino incierto en los últimos años, especialmente durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con las cifras más recientes del PIB, el crecimiento ha sido inconsistente. De los seis trimestres bajo su administración, tres han registrado crecimiento y tres contracción, siendo notable la caída del 0.6% en el primer trimestre de 2026. Al comparar estos datos con el último trimestre del gobierno anterior, el PIB se muestra un 2% inferior, lo que invita a una reflexión más profunda sobre la salud económica del país.
En una reciente conferencia de prensa, la presidenta destacó que aunque el Producto Interno Bruto es un indicador tradicional de la riqueza de una nación, no refleja dimensiones cruciales como la distribución de la riqueza y los derechos de la población. Si bien es cierto que el PIB tiene sus limitaciones, es esencial comprender que este mide el valor agregado de todos los bienes y servicios producidos en un determinado período, representando un flujo, no un acervo de riqueza.
Adentrándonos en otros indicadores, la economía mexicana se posiciona como la decimotercera más grande del mundo en términos absolutos, pero cae al lugar 66 cuando se considera el PIB per cápita ajustado por paridad del poder de compra. Este contraste revela una gran disparidad: un país extenso, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados y 105 millones de habitantes, no ha logrado convertirse en una economía de alta productividad.
En el índice de Desarrollo Humano 2023, México ocupa el puesto 81 de entre 193 países, con una puntuación de 0.789. En comparación, nuestros socios del T-MEC, Canadá y Estados Unidos, se sitúan en el lugar 16 y 17, respectivamente. Asimismo, en el Índice Global de Progreso Social, que evalúa necesidades básicas, bienestar y oportunidades, el país se encuentra en el puesto 70 de 170 naciones evaluadas.
Un aspecto preocupante es el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024, donde México registró un puntaje de 27 sobre 100, posicionándose en el puesto 140 de 180 países. Este fenómeno, que actúa como un freno al crecimiento económico y al progreso social, se ve agravado por la reciente desaparición del INAI, lo que dificultará la transparencia sobre las incidencias de corrupción gubernamental.
En el ámbito interno, las agencias de calificación Fitch y Moody’s han colocado la deuda del gobierno en el escalón más bajo antes de perder el grado de inversión. Standard & Poor’s, aunque la mantiene un par de escalones arriba, tiene una perspectiva negativa. La combinación de una baja recaudación tributaria y un elevado gasto, que incluye transferencias considerables a Pemex—una empresa cargada de deudas—presenta riesgos serios para la calificación de la deuda. A esto se suman los gastos en proyectos cuestionables promovidos por la administración, como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
Por si fuera poco, las proyecciones sobre el empleo presentan un panorama desalentador. En el periodo de enero a mayo de este año, el incremento del empleo total fue de solo 26,000 personas, con una caída en el empleo formal de 343,000 y un aumento en el empleo informal de 370,000. Estos números reflejan una economía que no avanza.
Es imperativo que se consideren una variedad de indicadores económicos para comprender la realidad del país. La creciente preocupación por la corrupción, la debilidad de las finanzas públicas y el estancamiento del empleo son factores que merecen la atención de todos. La transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca para garantizar un futuro más prometedor para México.
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