Una celda tiene la capacidad de suspender el paso del tiempo. Ricardo García Navarro, republicano de 26 años, condenado a muerte en 1939 en la cárcel Modelo de Valencia, combatía el aturdimiento con ciertas dosis de esperanza y voluntarismo. Animaba por carta a sus padres, les pedía que buscaran nuevos y favorables testigos, pero los meses pasaban y aquellos no terminaban de llegar, acrecentando su malestar. “Hagan lo que puedan”, pidió semanas antes de ser fusilado en el paredón de Paterna el 8 de marzo de 1940. Su hermana se dio de bruces con la fatal noticia cuando iba a visitarlo. Fue ella quien recogió sus enseres, apenas un par de mudas y un trozo de papel garabateado a modo de despedida: “Padres, en este momento me sacan para matarme y me voy muy tranquilo, como un hombre debe ir, con el viva la República, que pronto triunfe mi ideal”.
García es uno de los 37.147 filiados en el Fichero de Penados, un mueble acorazado de 30 cajones, custodiado en el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), que intriga a historiadores y archiveros. Un registro que incluye tanto penas capitales como otras de elevada reclusión, sin más nexo aparente que una misma época: la posguerra más temprana. Junto a otro millón de documentos del franquismo, el Ministerio de Cultura digitalizará estos fondos tras firmar un convenio con la Presidencia. Los especialistas del centro, adonde se trasladó el fichero hace una década, todavía estudian su origen y finalidad, aunque la brevedad de las fichas no ayuda a lograrlo. Estas solo incluyen dos apellidos mecanografiados, la ciudad del presidio y una única fecha, referente a la petición fiscal o al cumplimiento de la condena. No se recogen en ellas ni cargos ni otros datos procedimentales.
Algunos casos del fichero dejaron rastro en otros fondos documentales. La sentencia del juicio sumarísimo a Ricardo García, por ejemplo, se conserva en el Archivo General e Histórico de Defensa. Voluntario del Cuerpo de Carabineros, organismo que con posterioridad fue integrado en la Guardia Civil como castigo a su adhesión republicana, solía prenderse una insignia del sindicato UGT en el uniforme de fábrica. Formó parte del comité popular que durante la guerra ordenó la vida social y política de Puebla del Duc (Valencia), donde nació. Durante la guerra combatió en el frente de Toledo. Republicano derrotado, nunca quiso huir de su pueblo. El cuartelillo le hizo llamar en mayo de 1939, cuando ayudaba a su familia a atar las vides del campo. “No te preocupes, mamá. Estaré de vuelta a la hora de comer”, prometió. Nunca más lo volvieron a ver.
En ocasiones aparece un número de expediente, cuyo cometido se intenta averiguar. Así como una raya roja en la esquina superior derecha del documento, que José Luis Hernández, subdirector del archivo salmantino, atribuye al cambio de fase en la instrucción. “Son todas fichas de los primeros años del régimen, los años de plomo. A partir de mediados de los cincuenta el sistema muta para reprimir a una segunda generación de españoles, que ya no tenían nada que ver con la guerra, y esta clase de documentación se guarda dispersa”, apunta. El Fichero de Penados permaneció arrumbado en dependencias judiciales hasta la Transición. Después pasó a engrosar el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, donde se guarda información más detallada de las vidas penitenciarias de 300.000 reclusos, que ayudará a esclarecer las escuetas biografías de lo registrado en Salamanca.
