Por Carlos Aguilera Rue
*Pax Narca
Los hechos de sangre que ocurren en el estado de Morelos son los que medianamente pueden ser contenidos por las dos “instituciones” que luchan por la plaza: el gobierno y los cárteles de la droga. Si no existieran estos “acuerdos”, el escenario fuera terrible. La guerra se desataría y muchos más civiles fueran víctimas de crímenes.
Sin embargo, los “acuerdos de paz”, entre las autoridades y la delincuencia están muy lejos de ocurrir ante el cúmulo de intereses políticos y económicos existentes. Las reglas del juego cambiaron; en el pasado los cárteles de la droga pagaban porque se les permitirá trabajar. Hoy los gobiernos pagan a los cárteles por mantener tranquilidad durante sus ejercicios. O sea, les cobran piso los delincuentes a los propios ayuntamientos, organismos de agua potable, protección civil, obras públicas y gobernación municipal. Están coactados, como el comercio formal, informal, rutas del transporte público de pasajeros con y sin itinerario fijo y otras actividades donde se generen recursos económicos y que están obligados a pagar una cuota mes con mes. Se habla que las células delictivas ya se encuentran cobrando “renta” a algunas iglesias cristianas y católicas en Morelos. El sector agrícola y ganadero en Morelos también está siendo intervenido por los tentáculos de la delincuencia y viven amenazados.
Si la autoridad no interviene de forma inmediata y contundente, la población entera, que habita en fraccionamientos, condominios habitacionales, colonias y poblados podrían también ser “clientes” de este despiadado grupo de criminales, que está poco a poco aniquilando a una sociedad a través de la extorsión.
El modelo de prevención y combate a la delincuencia está muy alejado de la realidad. En 2019, el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador creo, junto con el Poder Legislativo, la Ley de la Guardia Nacional, considerando la debilidad institucional de muchos cuerpos policiales, así como la capacidad sobrada de la delincuencia organizada.
La Guardia Nacional sustituyó a la Policía Judicial Federal tan cuestionada y tan involucrada en actos de deshonestidad. En concreto, la policía se militarizó y salió a las calles a hacer recorridos de sobre vigilancia y a inhibir a la delincuencia. Hasta el momento este modelo de prevención y combate a la delincuencia ha fracasado. No hay resultados.
La “pax narca” ha contenido medianamente los actos de sangre en Morelos, sin embargo, las células dedicadas al narcotráfico se han diversificado. Hoy estos grupos de criminales se han ramificado, han crecido de tal manera, que también están involucrados en extorsiones, robo de vehículo, tráfico de personas, secuestro, robo calificado, entre otros muchos tipos delictivos. Se han convertido en verdaderos verdugos de la sociedad.
El 90. 1 por ciento de la población se tiene insegura, de acuerdo con Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024.
Entre los municipios con mayores problemas delincuenciales en Morelos está Temixco. Durante los últimos tres años, esta región, ubicada al sur de la zona metropolitana con la capital morelense ha vivido momentos críticos. La delincuencia tomó el control de las autoridades municipales. Las rebasó y las sometió.
La presidenta municipal de Temixco, Juanita Ocampo Domínguez deja para este 2024 un “desastre” en materia de seguridad pública, combate a la delincuencia y prevención del delito.
Cuerpos desmembrados, feminicidios, extorsiones, narcomenudeo, robo calificado, entre otros delitos se cometen a plena luz del día en colonias y poblados de Temixco en el estado de Morelos. El gobierno de Ocampo Domínguez pasó de noche y se han acumulado una serie de sospechas de que alcaldesa saliente permitió el crecimiento en un 85 por ciento del crimen organizado en la región.
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