La trama de exviceministros de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por saquear la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) cobró en Andorra 216,7 millones de dólares en comisiones de un contrato de seguros de la energética pública, según documentos.
El dinero de las primas aterrizó entre 2008 y 2010 en una telaraña de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y supuso el 40% de los 534,3 millones de dólares desembolsados en 2005 por la petrolera venezolana por un contrato bianual de reaseguros. Una actividad en la que una aseguradora cede parte de sus riesgos a otras para diversificar pérdidas millonarias.
El presunto cerebro de la red de expolió, el empresario Diego Salazar, que es primo del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, percibió 202 millones en comisiones a través de su testaferro, Luis Mariano Rodríguez Cabello. Y el empresario Omar Farías, conocido como el zar venezolano de los seguros, se embolsó 14,7 millones en primas por el contrato.
La jueza de Andorra Stéphanie García imputó el pasado mayo un presunto delito de blanqueo de capitales a las dos filiales de PDVSA que ordenaron los pagos: PDV Insurance Company Ltd -radicada en el paraíso fiscal de Bermudas- y Petrocedeño Offshore Operating CC. La magistrada investiga también a una firma en Reino Unido y a otras dos empresas de Colombia vinculadas a la correduría multinacional de reaseguros Cooper Gay. Se trata de las sociedades Cooper Gay & Co Ltd., Cooper Gay Suramérica Ltda. y Cooper Gay Colombia Ltda.
La compañía panameña de reaseguros Cgc Ltda. Inc., que también está imputada por blanqueo, jugó un papel clave en la canalización de las comisiones. La firma cobró entre 2008 y 2010 en la BPA un total de 534 millones de dólares de las dos subsidiarias de PDVSA en virtud de un contrato con la filial colombiana de la aseguradora Cooper Gay. Solo 250 millones de esta suma acabó en una cuenta en el Reino Unido de Cooper Gay. El resto, 284,4 millones, viajó a través de una alambicada maraña de cuentas que confluían en Salazar, Farías y Cgc Ltda Inc.
El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, testaferro de Diego Salazar, ingresó en la institución financiera andorrana la comisión más suculenta: 202 millones. Las pesquisas han acreditado que desde la cuenta de Rodríguez Cabello a nombre de la sociedad panameña Highland Assets Corp se abonaron presuntos sobornos a antiguos ejecutivos de la petrolera. Fue el caso de Reinaldo Ramírez, exresponsable de PDVSA Salud y antiguo médico personal de Hugo Chávez; Fidel Darío Ramírez, exjefe de Asistencia y hermano del exministro de Petróleo Rafael Ramírez; Eudomario Carrullo, exdirector financiero; Francisco Jiménez Villaroel, exdirector en China de la energética o Julia Van den Brule, exdelegada de PDVSA en España y Portugal.
Ruta de dinero y jerarcas chavistas
El hombre de paja de Salazar también transfirió desde el principado pirenaico fondos a José Ramón Arias, expresidente de PDVSA Ingeniería y Construcción; Luis Abraham Bastidas, antiguo gerente de Logística; Rubén Figueras, exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco; Carmelo Urdaneta, director general de asesoría legal del Ministerio de Energía y Petróleo entre 2009 y 2010 o José Luis Parada, exdirector de Producción y Explotación de la petrolera.
Un informe confidencial de octubre de 2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) —un organismo público del país pirenaico que persigue el blanqueo— considera que la cuenta en la BPA de Cgc Ltda. Inc., la firma que percibió los 534,3 millones de PDVSA, tuvo como “única finalidad” facilitar que la petrolera estatal a los exjerarcas venezolanos. Y sitúa a Salazar como el hombre fuerte del chavismo que controlaba las primas de reaseguros de PDVSA.
“La triangulación de fondos a través de la cuenta habría permitido desvincular al cliente (PDVSA) y al reasegurador (Cooper Gay & Co Ltd.) de los comisionistas Omar Farías y Diego Salazar”, indica la Uifand en un documento que cita la magistrada andorrana Stéphanie García para justificar la imputación por blanqueo de los representantes de Cgc Ltda. Inc. Se trata de los colombianos Luis Alberto Granados, Zulma Vianeth Sanabria y Daniel Germán Zamora. La Fiscalía colombiana investigó a este último en 2015 por blanqueo y apropiación indebida, según las autoridades andorranas.
Las pesquisas del principado pirenaico apuntan también a la responsabilidad de la multinacional Cooper Gay en el tinglado financiero que canalizó las comisiones de la trama chavista. “Representantes de Cooper Gay Sudamérica (antigua Cooper Gay Colombia) habrían tenido un papel activo en la creación de este entramado societario y en la gestión de la cuenta de Cgc Ltda. Inc.”, señalan las indagaciones.
La Uifand cuestiona también un contrato de asesoría técnica de 2005 firmado entre la firma panameña de reaseguros y Cooper Gay Colombia y que se presentó en la BPA para justificar las millonarias transferencias. Y define a Farías Luces como un urdidor de la operación que fraguó la relación comercial entre la energética venezolana y Cooper Gay. “Esta operación no se podría haber llevado a término sin el pago de comisiones al personal directivo de PDVSA”, resume el organismo andorrano.
Un portavoz de Farías indica a Columna Digital que las cuentas en Andorra del empresario se abrieron para cobrar comisiones de reaseguros “lícitas y transparentes”. Asegura que todas sus transacciones, incluidas las transferencias al cerebro de la trama, Diego Salazar, están “debidamente respaldadas y sustentadas” por actividades comerciales. Y añade que ni Farías ni sus empresas están bajo el foco de la investigación en Venezuela y EE. UU., donde sí se rastrean los movimientos de parte de la organización que expolió la petrolera estatal.
La jueza andorrana que investiga las comisiones de PDVSA imputó en mayo de 2020 a la sociedad venezolana ISB de Corretaje de Reaseguros CA, que figuró como titular de una cuenta en la BPA de Farías que movió 25 millones entre 2009 y 2010. El empresario abonó pagó desde Andorra en junio de 2009 un total de 268.803 dólares a la joyería Gerais II de Caracas.
Este periódico ha intentado recabar sin éxito las versiones de PDVSA, Cooper Gay y la firma panameña Cgc Ltda. Inc.
Salazar y Farías, los dos venezolanos que hicieron caja con el contrato de reaseguros de PDVSA, están procesados desde 2018 en Andorra junto a una treintena de personas por pertenecer a una organización que saqueó 2.000 millones de euros de la petrolera. Las pesquisas les sitúan en el epicentro de una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la energética durante los mandatos del expresidente Hugo Chávez (1999-2013). La trama, a la que pertenecieron los exviceministros chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado, ocultó su botín a 7.400 kilómetros de Caracas, en la BPA. Una entidad intervenida en marzo de 2015 por actuar presuntamente como lavadora de fondos de grupos criminales.
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