Algo se había apaciguado en la caldera hirviente de la política española tras el relevo en la dirección del PP. No es que la llegada de Alberto Núñez Feijóo se hubiese traducido en nada concreto en su relación con el Gobierno, pero el lenguaje del expresidente gallego, alejado del incesante torbellino acusador de Pablo Casado, había distendido el ambiente. El escándalo de Pegasus y la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han acabado con estas semanas de relativa calma. Mientras el Gobierno intenta recoser sus alianzas parlamentarias, la oposición ha vuelto al viejo discurso: declarar moribundo a un Ejecutivo que, en palabras de Feijóo este miércoles, “dinamita los cimientos de la democracia” y ha sumido al país en una “crisis institucional”.
Es la segunda vez en 27 años que un escándalo se lleva por delante a un jefe de los servicios de inteligencia. La caída en 1995 del general Emilio Alonso Manglano, también por un caso de escuchas a políticos y periodistas, fue uno de los grandes episodios de una época, los estertores del Gobierno de Felipe González, en que la palabra crispación se convirtió —ya para siempre— en uno de los términos más usados del vocabulario político español. Algunos ecos de todo eso se escucharon este miércoles en el Congreso de los Diputados y en los cuarteles generales del primer partido de la oposición.
El presidente del Gobierno llegó a la sesión semanal de control dispuesto a proporcionar la justificación oficial del cese de la directora del CNI que la víspera había rehuido tenazmente la ministra de Defensa, Margarita Robles. La explicación de Pedro Sánchez no cogió a nadie por sorpresa. Desvinculó la caída de Esteban del espionaje a los independentistas y lo atribuyó en exclusiva al “fallo claro en la seguridad de las comunicaciones”, es decir, la invasión por el programa espía de su propio teléfono, así como los de los ministros de Defensa e Interior.
La confrontación de Sánchez con la portavoz del PP ya hizo ver que algo había cambiado en los populares. Cuca Gamarra pronunció por primera vez las palabras “crisis institucional”. Y poco después lo ratificó Feijóo. El presidente del PP compareció en la sede de su partido en Santiago, donde durante 10 minutos leyó, con gesto solemne, una declaración repleta de adjetivos sombríos para difundir la idea de que España vive un momento especialmente grave. No llegó a pedir elecciones, como hizo días atrás, pero proclamó que el Gobierno, “el peor de la democracia”, se ha “autoinmolado”.
Ha sucedido varias veces desde el mismo comienzo de la legislatura, con especial fuerza en los días peores de la pandemia, y ahora resurge: la oposición niega al Gobierno cualquier capacidad para seguir al mando del país. Vox ha difundido entre sus diputados la idea de que el Ejecutivo “tiene los días contados”, y el mantra se repite ahora en cualquier intervención de un representante de ese partido en el Congreso. “Frankenstein [como denominan a la coalición de Gobierno] se está deshaciendo a ojos de todos”, proclamó su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. Ciudadanos, que fue un auxilio de emergencia para el Gobierno en momentos tan cruciales como los estados de alarma o la reforma laboral, lleva semanas en la trinchera y también ha llegado a sugerir que se convoquen elecciones, pese a los nefastos augurios que le arrojan las encuestas. La oposición ve tambalearse las alianzas parlamentarias de Sánchez y se ha lanzado a sacudir aún más ese precario andamio.
La mejor noticia para el Gobierno es que las hostilidades con ERC se han suavizado. Lo mostró el duelo en la sesión de control entre su portavoz, Gabriel Rufián, y la ministra de Defensa. Rufián no dejó de atacar a Robles por su “patriotismo tóxico”, pero no llegó a pedir expresamente su dimisión y ni siquiera se refirió al cese de la directora del CNI. Sí lo hizo en Barcelona su jefe de partido, el president Pere Aragonès, en términos más inquietantes para el Gobierno. “Nadie debe dar la crisis por resuelta”, avisó Aragonès en el Parlament. No solo ERC, también los dos grupos nacionalistas vascos insisten en que el Ejecutivo debe ofrecer más, una comisión de investigación o al menos que se desclasifiquen los documentos que dan cuenta de los espionajes con autorización judicial.
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La primera prueba de hasta dónde está dispuesta Esquerra a mantener el pulso se verá el jueves, con la votación de un decreto y tres leyes, entre ellas la reforma de la de Seguridad Nacional que, en el peor de los casos, el Ejecutivo espera sacar adelante con la anuencia del PP.
El griterío político vuelve a subir de decibelios el mismo día que el CIS certifica el cansancio de los ciudadanos. Más del 90% pide que se rebaje la tensión política. Claro que en el barómetro de mayo de 40dB. para Columna Digital y la SER se preguntó a los encuestados qué cualidades valoran más en los políticos, y solo un 7% eligió las “buenas formas”.
En este clima incandescente los partidos enfilan la línea de salida para las elecciones andaluzas del 19 de junio. En el Congreso ya ha empezada la campaña, con la candidata de Vox, Macarena Olona, como la más activa. Olona está aprovechando hasta el último día en Madrid y este miércoles convirtió una interpelación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una demostración de las cosas que está dispuesta a hacer “cuando sea presidenta de la Junta”. Con Olona siempre está garantizado el debate a cara de perro. A Montero le dijo, entre otras cosas: “Usted no sabe lo que es una mujer”.
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