La lucha por la ocupación de las aceras se intensifica en las ciudades de todo el mundo ante el excesivo tráfico de patinetes, bicicletas, motos, terrazas de bares, repartidores y furgonetas de entrega de paquetes. En muchos metros cuadrados de estas vías públicas encuentran lugar los vehículos de movilidad personal (VMP), que a menudo compiten por tener un espacio de estacionamiento junto a las terrazas de restaurantes o frente a los comercios.
Este caos en las aceras, junto con los graves problemas de convivencia que a veces se producen, ha llevado a algunos ciudadanos a solicitar a las autoridades municipales un mayor número de pasos de cebra, la aplicación efectiva de las leyes de tráfico y la creación de áreas exclusivamente peatonales donde los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, puedan moverse sin obstáculos.
En muchas ciudades, como París, Barcelona, Nueva York o Londres, las empresas de alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas se esfuerzan por cumplir las normativas que limitan el número de vehículos permitidos en un espacio determinado. Pese al esfuerzo, la Comisión Europea calcula que en 2030 el transporte por carretera representará el 25 % de las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo.
La llegada del coronavirus ha agravado el problema de la contaminación, aunque en algunos países, como España, se han adoptado medidas para combatirlo. El gobierno ha aprobado un plan de movilidad urbana sostenible que incluye ayudas a la compra de vehículos no contaminantes, infraestructuras para bicicletas y patinetes eléctricos, y la mejora de las aceras para garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos.
En conclusión, la batalla por las aceras no es solo por la distribución justa del espacio y la defensa de los espacios públicos, sino por la seguridad de todos aquellos que las utilizan a diario. La falta de consideración y el egoísmo de algunos usuarios de VMP han llevado a las calles de nuestras ciudades a un estrés permanente, a personas asustadas y frustradas, y a veces a accidentes graves. Es necesario fomentar una cultura de responsabilidad social que respete los derechos y necesidades de todas las personas que hacen vida en la ciudad.
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