Peligra el Tesoro por nuevas patentes

El reciente amparo concedido a la biofarmacéutica Amgen para revivir su patente de Denosumab ha desatado una ola de indignación en México, principalmente por el impacto directo en los fondos públicos. Este fallo judicial impide la adquisición de versiones genéricas más asequibles de un medicamento esencial para el tratamiento de la osteoporosis y el cáncer óseo, lo que vulnera los derechos de los mexicanos en situación de vulnerabilidad económica.

Según Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esta decisión significará un sobrecosto de 1,500 millones de pesos al presupuesto de salud pública en la compra consolidada de 2025-2026. El gobierno mexicano adquirirá 1,900 millones de pesos en productos de Amgen, ya que la revivida patente impide la inclusión de biosimilares, lo que obligará a continuar comprando a precios elevados hasta 2027, cuando la patente transformada finalmente desaparecerá.

Nieto advierte que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante en la que laboratorios farmacéuticos utilizan amparos y litigios para prolongar la exclusividad de sus patentes, obstaculizando la llegada de genéricos y, en consecuencia, perpetuando precios elevados que son inaccesibles para la mayoría de la población.

Un claro paralelo se observa en el caso de Apixabán, de Pfizer, donde el uso de litigar por parte de innovadores para extender su exclusividad también ha sido denunciado. El IMPI está actualmente lidiando con una serie de litigios activos en torno a este medicamento, lo que refleja un patrón preocupante de la industria que afecta tanto a la economía pública como a la salud de los ciudadanos.

El amparo concedido a Amgen es visto por muchos como un “retroceso jurídico” sin fundamento, ya que nunca antes se había logrado revertir una patente ya caducada y en dominio público. En el ámbito internacional, dicha acción no tiene precedentes y erode la certeza jurídica y la competencia, afectando desproporcionadamente a los mexicanos con menores ingresos que no pueden costear tratamientos hasta diez veces más caros que sus contrapartes genéricas.

Además, este caso infringe el derecho a la salud, restringiendo el acceso a tratamientos económicos para poblaciones vulnerables y transgrediendo principios constitucionales fundamentales. Esto no solo afecta a los pacientes, sino que también impacta negativamente al sector empresarial mexicano que produce medicamentos genéricos y biosimilares.

En respuesta a estos desafíos, Nieto ha mantenido conversaciones con figuras clave del sistema judicial, incluyendo a Celia Maya, presidenta del tribunal involucrado, y Hugo Aguilar, presidente del Poder Judicial. Se planean encuentros orientados a sensibilizar a los jueces en la materia de propiedad intelectual, con la intención de evitar futuros desbalances que perjudiquen a la población.

Adicionalmente, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) establece que las extensiones de patentes solo son válidas bajo circunstancias administrativas específicas, pero no contempla la revitalización de patentes expiradas. A pesar de ello, Nieto sigue convencido de que el marco legal no presenta “huecos”, sino que es el malentendido de las leyes lo que provoca estas complicaciones.

Por otro lado, el ámbito de la innovación farmacéutica no se detiene. Johnson & Johnson ha llevado a cabo un encuentro médico sobre el mieloma múltiple, un tipo de cáncer en sangre que, aunque poco frecuente, tiene un alto impacto clínico. Nuevas estrategias de tratamiento desde las primeras fases de la enfermedad prometen cambiar el pronóstico de los pacientes, mejorando su calidad de vida.

Además, el evento BePharma, previsto del 16 al 18 de marzo en la Ciudad de México, reunirá a farmacéuticas de 136 países, buscando fortalecer la competitividad del mercado mexicano. Este tipo de plataformas es esencial para fomentar la entrada de nuevas moléculas y alternativas terapéuticas, ampliando el acceso a tratamientos para enfermedades que aún carecen de atención adecuada en la región.

Este contexto revela la tensión entre la innovación en el sector farmacéutico y la necesidad de garantizar el acceso a tratamientos efectivos y asequibles. Sin duda, se avecinan desafíos significativos que requerirán un enfoque equilibrado entre los derechos de los titulares de patentes y la salud pública.

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