Pensión de CNTE: carga fiscal insostenible

La situación del sistema de pensiones en México ha suscitado un intenso debate, especialmente tras la exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para eliminar la reforma de 2007 a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Este reclamo, según Jorge Cano, Coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, resulta fiscalmente insostenible y podría imponer una carga significativa a las finanzas públicas del país.

La reforma de 2007 introdujo un modelo que permitía a quienes comenzaron a cotizar en el ISSSTE desde ese año acceder a una jubilación gestionada mediante Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). A través de este sistema, el ahorro individual de los trabajadores es la base de su pensión, contrastando con el antiguo modelo de pensiones de beneficio definido, que garantizaba a los pensionados un monto proporcional a su salario promedio en los últimos años, respaldado por los impuestos de los contribuyentes.

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El especialista resalta que mantener el sistema anterior, que implicaba garantizar el pago de pensiones de manera directa por parte del Estado, resultaría en un gasto exorbitante. En 2024, este gasto se proyecta alcanzar el 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB) solo para las pensiones de aquellos que se jubilaron bajo el antiguo modelo del ISSSTE o del IMSS. Si se incluyen las pensiones asistenciales, esta cifra podría ascender al 5.7% del PIB. Para poner las cifras en perspectiva, esto representa más del doble de lo destinado a educación y salud en el país.

Se advierte que la vuelta al antiguo modelo de pensiones requeriría ajustes en otros sectores tan críticos como la salud, la educación o la seguridad pública, lo que sin duda tendría efectos sociales severos. La alternativa, como menciona Cano, podría ser el incremento de impuestos, lo cual también traería consigo un escenario complicado para los trabajadores y la economía en general.

Las estadísticas también revelan que, desde la implementación de las Afores, el crecimiento del gasto en pensiones ha sido más moderado. Durante el gobierno de Felipe Calderón, el gasto creció un 80%, en el de Enrique Peña Nieto un 47% y en la administración actual de Andrés Manuel López Obrador un 30%. Esto sugiere que el nuevo modelo, a pesar de la resistencia que enfrenta, ha contenido en cierta medida el aumento del gasto en pensiones.

Además, congelar la edad de jubilación en 58 años para los trabajadores del ISSSTE podría resultar en un aumento de la carga fiscal, especialmente dado que la esperanza de vida actual en México es de 76 años. Esta medida podría generar inequidades, beneficiando a ex trabajadores del Estado con pensiones más generosas en comparación a aquellos que solo tienen acceso a la Pensión del Bienestar, una situación que podría exacerbar las disparidades económicas existentes.

Cano remarca que las condiciones macroeconómicas actuales del país no permiten la sostenibilidad de un sistema de pensiones en crecimiento. Con la mitad de la población económicamente activa trabajando en la informalidad y sin contribuir a la seguridad social, la capacidad del gobierno para financiar estos sistemas se ve limitada.

Por otro lado, Francisco Miguel Aguirre Villarreal, actuario experto en pensiones, comparte proyecciones inquietantes. Para 2025, se estima que el ISSSTE gastará aproximadamente 401,730 millones de pesos en pensiones, ascendiendo a 431,340 millones para 2030 y alcanzando 449,720 millones en 2040. Sin embargo, se anticipa que si se aplican reformas al sistema, para 2050 este gasto podría bajar a 358,320 millones y a 213,520 millones para 2060.

La necesidad de un diálogo constructivo y soluciones viables es urgente para el futuro de las pensiones en México, ante la creciente presión fiscal y las demandas sociales que emergen en un contexto de cambios demográficos y económicos.

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