En Argentina existe una figura llamada “operador judicial”. Se trata de la persona que traslada a los tribunales las presiones o deseos del poder político. Siempre es una figura oscura, conocida y reconocida pero no incluida en las jerarquías institucionales. El abogado Fabián Rodríguez Simón, llamado por todos Pepín, fue el operador judicial de Mauricio Macri. Ahora se encuentra huido en Uruguay, donde ha solicitado asilo político como víctima de una supuesta “persecución”.
La peripecia de Pepín causa incomodidad en el macrismo y saca a la luz, de nuevo, la desfachatez con que los últimos inquilinos de la Casa Rosada, de uno y otro bando, han utilizado a los jueces para conseguir sus fines políticos y amedrentar a sus adversarios.
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Pepín Rodríguez Simón debería comparecer el próximo 17 de junio ante la juez María Servini para someterse a una indagatoria, es decir, el interrogatorio que se efectúa a una persona sospechosa pero a la que aún no se acusa de ningún delito. Su caso, relacionado con supuestas actividades ilegales para arruinar el grupo empresarial Indalo (de orientación kirchnerista), llevaba dos años abierto sin que se hubieran adoptado medidas cautelares de ningún tipo. En cuanto supo que el antiguo operador judicial había pedido asilo y denunciado persecuciones contrarias a los derechos humanos, la juez Servini lo declaró en rebeldía y el miércoles pidió a las autoridades uruguayas que lo localizaran e impidieran su salida del país.
El fugitivo de la justicia es amigo de Mauricio Macri desde la infancia. El expresidente utilizó a Pepín a lo largo de toda su carrera política, siempre en funciones delicadas: para expulsar de Buenos Aires a los indigentes cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad, como abogado cuando los Macri aparecieron en los “papeles de Panamá” (una lista de presuntos evasores fiscales) y como “operador judicial” durante su presidencia.
Fue Pepín quien organizó la tormentosa transición de poder entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, fue Pepín quien ideó la fórmula para nombrar provisionalmente por decreto a dos miembros de la Corte Suprema sin previa aprobación parlamentaria, y fue él quien tuteló el lawfare o guerra judicial de Macri contra su antecesora y sus colaboradores. Eso no significa que el kirchnerismo no cometiera delitos ni que Pepín fuera el primer “operador judicial”. Simplemente, las cosas parecen funcionar así en Argentina.
La posición de Mauricio Macri es ahora muy incómoda. “Me sorprendió, no estoy de acuerdo pero lo entiendo”, dijo el expresidente respecto a la fuga de su amigo y colaborador. “Hay claramente una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis exfuncionarios”, añadió. También es incómoda la situación del gobierno conservador de Uruguay, enfrentado al gobierno argentino por la gestión de Mercosur (Pepín es, además, parlamentario de Mercosur, la alianza comercial entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, con Bolivia en proceso de adhesión) y poco deseoso de conflictos adicionales con Buenos Aires.
La ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó a Pepín Rodríguez Simón de “apretador serial de jueces y empresarios” y agregó: “Solo había sido citado a prestar declaración indagatoria por una jueza y un fiscal, de los que podrá decirse cualquier cosa menos que sean kirchneristas. Y pide asilo político en Uruguay por persecución. Dicen que somos nosotros los que buscamos la impunidad…”
El Grupo Indalo surgió durante el “boom” económico que acompañó parte de la presidencia de Carlos Menem en los noventa y se consolidó bajo la presidencia de Néstor Kirchner, extendiéndose a los medios de comunicación, los casinos, el petróleo, los transportes y la agricultura. Su fundador, Cristóbal López, simpatizante del kirchnerismo, fue detenido en 2016, poco después de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, por una presunta evasión fiscal de 8.000 millones de pesos (unos 80 millones de dólares). La detención fue cuestionada por el hecho de que la esposa de Julián Ercolini, el juez que la ordenó, trabajaba como asesora para el Gobierno de Macri. La Cámara Federal decidió en 2018 la puesta en libertad de Cristóbal López. En 2019, peritos de la Corte Suprema dictaminaron que la deuda fiscal del Grupo Indalo ascendía a 6.000 millones de pesos y que su pago a plazos había sido pactado y regularizado con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
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