Pérdida de candidaturas, derrotas electorales y un estancamiento en sus carreras políticas. Es lo que tienen en común casi una decena de políticos poblanos acusados de violencia contra mujeres. Incluso sus propios partidos les han cerrado las puertas.
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En la mayoría de los casos, las modificaciones a la legislación vigente, con penas más duras para quien cometa violencia política de género. Es lo que frenó las aspiraciones de algunos políticos que buscaron una candidatura en la pasada elección.
Uno de los ejemplos más representativos es el del alcalde de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, después de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP). Le quitó la candidatura que le había dado Morena para buscar la reelección como presidente municipal.
Fue en julio de 2020 cuando el Congreso del Estado aprobó las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales, en las que se sanciona con el retiro de la candidatura a quien cuente con una sentencia firme por violencia política, como fue el caso del edil.
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Morales Martínez no sólo perdió la oportunidad de competir en la pasada elección, sino que fue el primer poblano incluido en el registro de candidatos sancionados del Instituto Electoral del Estado (IEE) y no podrá ser postulado en los próximos siete años.
Se le suma el empresario Manlio López Contreras, quien se perfilaba para ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puebla. Pero los actos de violencia cometidos en 2018 contra la excandidata del PVEM, Cecilia Monzón, frustraron sus aspiraciones.
“Ninguna persona con antecedentes de violencia va a ser candidato de Movimiento Ciudadano”, sentenció el dirigente del partido, Fernando Morales.
Hubo políticos que burlaron los filtros partidistas y obtuvieron la candidatura a pesar de los señalamientos en su contra por violencia política de género. Sin embargo, en las urnas no corrieron con la misma suerte y perdieron la elección del pasado 6 de junio.
Es el caso del exalcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López, recordado por aventarle el sueldo a una de sus regidoras opositoras en una sesión de Cabildo, en el periodo de 2014-2018.
Un caso de excepción se dio también en el pasado proceso electoral con el próximo coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, denunciado por acoso sexual por la panista Erika de la Vega.
Aunque la presidenta del PAN estatal, Genoveva Huerta Villegas, fue cuestionada varias veces sobre la inclusión de Alcántara Montiel en el primer lugar de la lista de plurinominales, la dirigente siempre sostuvo su designación como coordinador de la bancada del PAN.
