Para Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, 2023 será el año en que se comience a debatir en serio la posibilidad de celebrar un referéndum acordado sobre la independencia de Cataluña. Así lo ha manifestado en su discurso de Sant Esteve, que se ha emitido este lunes, en el que también ha sacado pecho por las reformas en el Código Penal que se habían cocinado en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Cambios que, ha asegurado, son fruto de la “perseverancia” en la negociación entre ambas partes. La misma virtud que aplicará para conseguir una votación que ve como el único camino verdaderamente “democrático” si se quiere dar respuesta “al conflicto político”; una idea que el Gobierno central rechaza de plano.
Si 2022 era el año para que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat empezara a dar resultados, 2023 lo será para construir las bases del referéndum, considera Aragonès. Como en su intervención del año pasado en Sant Esteve, el presidente de la Generalitat ha querido impregnar cierto regusto a ultimátum, aun a sabiendas del no reiterado del Gobierno y de que, además, vienen varios comicios en el calendario que dificultan el acercamiento entre ambas partes. “Perseverar es la clave para avanzar. Y, con base en esa insistencia, hoy es evidente que el diálogo y la negociación para resolver el conflicto con el Estado comienza a dar sus frutos”, ha dicho.
“Se nos dijo que era imposible derogar la sedición, se nos dijo que era imposible modificar el delito de malversación”, ha recordado Aragonès para después presumir de la derogación del primero y de los cambios en el segundo, que permitirán mejorar la situación judicial de “los perseguidos por la organización del referéndum del 1-O”, según el republicano. Pese a reconocer esa mejora en la situación de casi 40 ex altos cargos de la Generalitat con condenas o causas pendientes, el reto ahora es “abrir una nueva fase” para “encontrar una solución al conflicto político”. “Encontrar una solución a la incapacidad del Estado para dar respuesta a una amplia mayoría de ciudadanos de Cataluña que quieren decidir democrática, libre y pacíficamente el futuro del país”, ha dicho.
El presidente catalán ha recordado que su apuesta en esta votación sería la de la independencia, pero ha insistido en que es precisamente en un referéndum donde los que deseen continuar dentro del Estado también podrán defenderlo. “Hasta que no le demos respuesta, el conflicto político existirá. Y es responsabilidad de todas las partes implicadas, Gobierno de Cataluña y Gobierno del Estado, dar respuesta”, ha afirmado. El jefe del Govern ha realizado un llamamiento a la corresponsabilidad después de que Pedro Sánchez diera por muerto el procés tras la reforma del Código Penal.
La Generalitat, ha adelantado Aragonès, impulsará el año que viene “una gran conversación con el conjunto de la sociedad” sobre la propuesta de Acuerdo de Claridad que lanzará ERC en su próximo congreso de enero. Esa hoja de ruta, sin calendario establecido, busca sentar las bases para la eventual consumación de un referéndum acordado. La propuesta establece que, si más de la mitad del censo catalán participa en esa votación y el sí a una pregunta clara obtiene más del 55% de los votos, el Gobierno central esté obligado a abrir una negociación para pactar los términos de la secesión. Para Aragonès, ese acuerdo “ofrecerá toda la legitimidad interna para ser defendido ante el Estado” y es “homologable a nivel internacional”. Ni Junts ni la CUP han apoyado, de momento, la idea del Acuerdo de Claridad, que solo bendice En Comú Podem.
En clave doméstica, Aragonès también ha aprovechado para pedir al PSC y Junts (necesita al menos que ambos se abstengan o uno vote a favor) que se avengan a facilitar la aprobación de las cuentas de la Generalitat. ERC tiene un preacuerdo con En Comú Podem, pero ante la falta de apoyo de los socialistas y/o su exsocios, las cuentas se han embarrancado y el Govern se ha visto obligado a hacer una prórroga técnica. La oposición en bloque ha criticado que los republicanos, en minoría en la Cámara, negocien con “soberbia” y no sean consecuentes con su debilidad parlamentaria.
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“El grueso del trabajo está hecho. Solo falta la voluntad política para hacerlo posible”, ha asegurado Aragonès, desde una intervención grabada en la Biblioteca de Cataluña. El president ha recordado que es la primera vez que las cuentas del Ejecutivo catalán reciben antes de su aprobación la bendición de los sindicatos, patronales y entidades sociales. El presupuesto, entre otras cosas, pretende reforzar con 1.000 millones de euros adicionales el sistema de salud; refuerza la política de gratuidad de la educación entre los 0 y 3 años y descongela, tras 10 años, el baremo con que se entregan las ayudas sociales en Cataluña.
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