Periodista de Campeche enfrenta juicio por críticas a Sansores

El 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada tomó una decisión que ha generado un amplio debate en Campeche al vincular a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, y a Isidro Yerbes, representante de la Organización Editorial del Sureste, editora de dicho diario. Ambos fueron acusados de incitación al odio y la violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores, quien presentó la denuncia.

Este caso, marcado como un acto de censura, se destaca por la naturaleza de las acusaciones: la jueza argumentó que González Valdez y el medio de comunicación no atacaron a la gobernadora por su labor, sino por su aspecto físico y acciones personales. Este enfoque ha llevado a que muchos interpreten el movimiento como un ataque a la libertad de expresión, especialmente significativo dado el contexto político actual.

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A pesar de que la defensa de González Valdez presentó argumentos que apuntaban a su jubilación y a su falta de funciones directivas en el medio, la jueza decidió imponer medidas cautelares severas. Entre las sanciones, se incluyó la prohibición de ambos de ejercer su labor periodística durante dos años. González Valdez, que ya se encuentra en la etapa de la tercera edad, deberá cumplir además con la firma periódica ante la autoridad judicial y pagar una indemnización de dos millones de pesos a Whalter Patrón Bacab, director estatal de Comunicación Social, por el presunto daño moral causado.

La gobernadora Sansores San Román ha defendido su posición, argumentando que el diario Tribuna ha llevado a cabo un ataque sistemático en su contra, que ella califica de “libertad de agresión”, en lugar del legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Esta controversia no es un caso aislado, sino que resuena con un panorama más amplio en otras partes del país; como en Puebla, donde el 12 de junio se aprobó la Ley de Ciberseguridad. Esta reforma, en medio de críticas por cuenta anónima en redes sociales que atacan a las autoridades, ha suscitado alarma entre activistas y periodistas, quienes ven en ella una herramienta potencial para silenciar voces disidentes.

La situación actual para los periodistas independientes en Campeche plantea inquietudes sobre el futuro de la libertad de prensa en México y refleja un clima de creciente tensión entre los medios de comunicación y el gobierno. Las decisiones legales recientes han llevado a muchos a cuestionar el camino que está tomando la libertad de expresión en el país, un tema que seguirá siendo objeto de intenso debate en los próximos meses.

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