En un reciente informe, la Fiscalía de Medio Ambiente ha expresado su preocupación por la confusión generada en torno a la clasificación de los perros peligrosos en la nueva Ley de Bienestar Animal. Según este organismo, la falta de claridad en la normativa puede tener consecuencias negativas tanto para los propietarios de estos animales como para la sociedad en general.
La ley establece que los perros se considerarán peligrosos en función de su raza, tamaño, carácter y antecedentes de agresividad. Sin embargo, la Fiscalía resalta que esta clasificación resulta confusa y ambigua, lo que dificulta su aplicación de manera coherente y justa. Según el informe, esto se debe en gran medida a la falta de criterios específicos y precisos para determinar qué perros deben ser considerados peligrosos.
Además, el informe señala que la clasificación de los perros en función de su raza puede ser discriminatoria y no estar respaldada por evidencia científica sólida. Según la Fiscalía, es necesario basar la clasificación en el comportamiento individual de cada perro, en lugar de estigmatizar a ciertas razas por su reputación histórica.
La confusión generada por la ley puede tener graves consecuencias para los propietarios de perros considerados peligrosos. Por un lado, pueden enfrentarse a limitaciones en cuanto a dónde pueden pasear a sus mascotas y a qué actividades pueden realizar juntos. Por otro lado, pueden ser responsabilizados de manera desproporcionada en caso de incidentes, incluso si estos son ocasionados por la negligencia de terceros.
La Fiscalía de Medio Ambiente insta a que se revisen y aclaren los criterios de clasificación de los perros peligrosos en la Ley de Bienestar Animal. Para ello, es necesario contar con la participación de expertos en comportamiento canino y tener en cuenta experiencias exitosas de otros países que han adoptado enfoques más equilibrados en la regulación de estos animales.
En resumen, la confusión creada por la clasificación de los perros peligrosos en la Ley de Bienestar Animal ha sido criticada por la Fiscalía de Medio Ambiente. Según este organismo, la falta de claridad en la normativa puede generar consecuencias negativas tanto para los propietarios de estos animales como para la sociedad en general. Por tanto, es necesario revisar y ajustar los criterios de clasificación para garantizar una aplicación justa y coherente de la ley.
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