Un legislador japonés advirtió recientemente en Taiwán sobre la gravedad de la nueva Ley de Unidad Étnica de China, que entró en vigor el 28 de julio de 2026, justo cinco días antes de un ataque contra un periodista japonés en Taipéi. Este ataque ha puesto de relieve las preocupaciones respecto a la jurisdicción penal extraterritorial que la ley otorga al régimen chino, lo que implica que China puede perseguir penalmente a personas en Tokio, Taiwán y en cualquier lugar del mundo.
Gen Nakatani, diputado de la Cámara de Representantes de Japón y cofundador de la Alianza Interparlamentaria sobre China, presentó su análisis en el Ketagalan Forum. En su discurso, describió la represión transnacional del Partido Comunista Chino como un asunto de seguridad nacional, enfatizando la necesidad de una respuesta coordinada ante esta amenaza.
“La investigación continúa; no afirmo nada definitivo. Pero la Ley de Unidad Étnica fue vigente justo antes del ataque”, subrayó Nakatani. Identificó el artículo 63 como el marco legal que permite a China ejercer su autoridad sobre lo que se dice fuera de sus fronteras. “El gobierno chino reclama jurisdicción penal sobre nuestras expresiones en Tokio, Taiwán y en este mismo foro”, advirtió.
Nakatani, quien también fue ministro de Defensa, hizo una analogía poderosa con la defensa aérea para ilustrar la falta de un sistema de alerta ante la represión transnacional. “Cuando se viola nuestro espacio aéreo, los cazas reaccionan de inmediato. Pero, cuando un ciudadano teme hablar en su propio país por una potencia extranjera, no se da ninguna alarma”, argumentó.
Durante su intervención, Nakatani también expuso casos específicos que ha conocido en su cargo, como el acoso sufrido por personas de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong que enfrentan presiones sobre sus familiares en China. Mencionó el caso de un hombre condenado a tres años y medio de prisión sin que ni siquiera él ni su familia supieran el motivo de su condena: “Hasta hoy, ni él, ni su familia, ni su gobierno han sido informados de cuál se supone que fue su delito”, declaró.
Frente a tal escenario, Nakatani abogó por una estrategia integral que integre intercambio de inteligencia, presión diplomática y contramedidas económicas. “Tratar la represión transnacional como actos aislados lleva a un callejón sin salida”, destacó.
Señaló que fenómenos como la interferencia extranjera, la coerción económica y los ciberataques están interconectados y deben ser considerados como parte de una estrategia organizada por parte de China.
Nakatani no se olvidó de subrayar el papel vital de Taiwán en este contexto. “Taiwán, aunque el más expuesto a esta amenaza, forma parte de la comunidad internacional con la voluntad más resuelta y la mayor capacidad”, afirmó. Así, Japón se comprometió a continuar apoyando a Taiwán en los próximos años.
Además, recordó que, en la cumbre de la IPAC celebrada en Taipéi hace dos años, se habían planteado ya preocupaciones acerca de la represión transnacional, y que desde entonces, este tema ha pasado de ser una preocupación marginal en el ámbito de los derechos humanos a ocupar un lugar central en la discusión sobre la seguridad nacional. Destacó que el fenómeno de la represión no es reciente, sino que representa un sufrimiento persistente para aquellos que han sido forzados a abandonar sus patrias.
Este llamamiento a la acción destaca la urgencia de abordar la presión del Partido Comunista Chino sobre los derechos humanos a nivel global, una cuestión que cada vez cobra más relevancia en el escenario internacional.
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