La decisión del Tribunal Constitucional del Perú, anunciada este jueves en una rápida y poco transparente sesión, en la que se determinó la inminente liberación del expresidente Alberto Fujimori, fue una nueva bofetada a la democracia y a las víctimas de los hechos conocidos como La Cantuta y Barrios Altos, donde se probó nacional e internacionalmente su participación. La noticia burló a mujeres y hombres peruanos, vulnerados una vez más en la búsqueda de la verdad y la justicia que adelantan desde los años noventa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001 y 2006 condenó al Estado peruano a nivel internacional por los delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de 25 personas víctimas de graves violaciones de derechos humanos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Las sentencias de la Corte IDH cerraron uno de los capítulos más dolorosos para la historia peruana y de la región, al derrotar las leyes de amnistía que impedían juzgar a Fujimori y a otros responsables de crímenes contra la humanidad, y al abrir las puertas para fortalecer los compromisos con la igualdad y el ‘Nunca Más’ en las democracias de América Latina. Estas sentencias de la Corte IDH a su vez dieron pie a la reapertura de los juicios y la extradición de Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por un tribunal peruano.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañamos a las víctimas junto con valerosas defensas nacionales en la justicia interamericana. Lo hicimos desde fines de los años noventa planteando siempre el reclamo consistente de verdad y justicia, y como parte de ello, la eliminación de las leyes de amnistía que constituían obstáculos para que aquellas avancen.
En 2017, cuando el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un indulto “humanitario”, con el que recobró la libertad por varios meses, recurrimos nuevamente a la Corte Interamericana. En ese momento logramos que escuchara a las víctimas sobre el impacto que tenía para ellas esa liberación de Fujimori sin haber cumplido condena, y que se ordene a Perú dar un paso atrás con la concesión del indulto. Así, en 2018, la justicia peruana ordenó nuevamente la detención de Fujimori. Y es por ello que hoy, frente a la decisión del Tribunal Constitucional, con la misma fuerza de hace cuatro años, volvemos a tocar la puerta de la justicia regional.
Es importante notar que el Tribunal Constitucional del Perú camina en reversa de la protección de derechos fundamentales con varias decisiones notables de los últimos meses. Entre tantas, las de considerar que violaciones a derechos humanos en el marco de la tristemente célebre Operación Cóndor —objeto de numerosas condenas nacionales en Europa y las Américas— no son delitos de lesa humanidad.
La decisión exprés del Tribunal Constitucional peruano desesperanza y genera más dolor en las víctimas, delatando, una vez más, la crisis profunda del sistema judicial peruano. Quitarles a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y la determinación de la libertad de Fujimori aniquila lentamente los principios para cualquier Estado democrático que ha ratificado su compromiso con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. En particular, limita el acceso a la justicia, a la participación de las víctimas en los procesos, a la igualdad ante la ley y a la verdad. Es por ello que la reciente sentencia del TC es un retroceso no solo para las víctimas y sus familias, sino para la democracia.
A ello se suma que la Corte Interamericana fue sopesada en cada una de sus resoluciones sobre la potencial aplicación de un indulto y ponderó los derechos en conflicto para actuar con humanidad y respeto a los derechos de todas las personas. Sin embargo, la orden del tribunal internacional de 2018, que exigía valorar las condiciones del reo, su cooperación y arrepentimiento, y otras medidas de mitigación del daño causado, fue desacatada. En consecuencia, hemos sostenido nuevamente ante la Corte IDH que se limitan los derechos y el acceso a la justicia internacional efectiva de los deudos de los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
Frente a esta nueva afrenta, esperamos que las voces de respaldo a las víctimas de crímenes de Estado se mantengan vibrantes, y que la sociedad y la comunidad internacional siga pugnando por la verdad y el ‘Nunca Más’. Que los señores de la guerra sepan que se acabó su momento en la historia. Hoy tenemos espacios de solidaridad y justicia que no van a permitir que la impunidad sea nuevamente la regla.
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