El Gabinete liderado por la presidenta del consejo de ministros, Mirtha Vásquez, acudió este lunes al Congreso a pedir el voto de confianza sobre la política general del Gobierno, pero hacia el final de la tarde, la sesión fue suspendida sorpresivamente por la muerte del parlamentario Fernando Herrera, representante de Perú Libre, el partido con el que llegó el presidente Pedro Castillo al poder. Vásquez es la segunda primera ministra que asiste en 90 días al Congreso para obtener el voto de investidura, tras haber reemplazado el 6 de octubre a Guido Bellido, un político de Cusco que representaba en el Gobierno al médico de ultraizquierda Vladimir Cerrón, el fundador de Perú Libre que no pudo postular a la presidencia porque una sentencia por corrupción lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.
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Castillo pidió la renuncia a Bellido después de que el también congresista hiciera varios anuncios no consultados con el Gabinete, el último de los cuales minó la confianza empresarial. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando el hombre de Cerrón amenazó con la expropiación del principal yacimiento gasífero operado por un consorcio privado.
La sesión del pleno había iniciado este lunes poco después de las 11 de la mañana con la presentación de Vásquez sobre los lineamientos del Gobierno, y los voceros de dos de bancadas grandes -Acción Popular y Alianza para el Progreso- dijeron que esperarían a escucharla para decidir si le daban o no la confianza. Ambos suman 31 votos, y suelen ser las bancadas que definen las decisiones en el Legislativo.
La incógnita de los votos
Los únicos votos anticipados a favor del Gabinete eran una veintena de Perú Libre (de un total de 37), cinco del izquierdista Juntos por el Perú y tres del centro-derechista Partido Morado. Las bancadas de derecha -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País- que suman más de 40 votos anunciaron desde la semana pasada que no darían el voto de investidura al nuevo Gabinete si la primera ministra mantenía a los titulares de Interior y de Educación.
El ministro de Interior, Luis Barranzuela, es cuestionado porque hasta antes de ser designado en ese cargo era abogado de Cerrón y de Bellido, y ha sido asesor de organizaciones de agricultores cocaleros opuestos a la erradicación de cultivos de esa planta. Además, en la década pasada fue abogado de un traficante de armas que operó en connivencia con militares durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
El nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo, es un antiguo maestro sindicalista que participó en la huelga magisterial que lideró Castillo en 2017, y que militó por lo menos en un par de partidos de la izquierda legal en las décadas de los años 80 y 90. Sin embargo, sin pruebas, el fujimorista Fuerza Popular le achaca cercanía a una agrupación fundada por abogados del desaparecido grupo terrorista Sendero Luminoso y expresos que cumplieron condena por terrorismo.
Durante la sesión del pleno, uno de los episodios de mayor tensión ocurrió cuando el congresista fujimorista Héctor Ventura dijo que un miembro del gabinete “estaba relacionado con una red criminal” y desde los escaños de Perú Libre rechazaron el epíteto. Luego de una discusión y un llamado de atención de la mesa directiva del Parlamento, tuvo que retirar la frase.
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Dado que el escenario político no es favorable al Gobierno, la primera ministra Vásquez planteó al inicio de su comparecencia en el hemiciclo que las bancadas de oposición aporten“desde sus posiciones ideológicas para que el Estado pueda cumplir su promesa de igualdad e independencia”, y planteó un “nuevo contrato social por la estabilidad y la democracia” que permita “los cambios que se demandan”.
Vásquez destacó los avances en la vacunación y no mencionó la cuestión del cambio de Constitución, una de las promesas principales de la campaña de Castillo. Sin embargo, el presidente mencionó en Jaén (Cajamarca) que la reforma de la Constitución “está en manos del Congreso”, al igual que lo mencionó en su discurso cuando tomó posesión como jefe de Estado el 28 de julio.
