La crisis política en Perú se extiende por la región. La cancillería peruana llamó este jueves a consultas a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia en señal de protesta por su apoyo al expresidente Pedro Castillo, detenido desde hace una semana por el intento de autogolpe. El nuevo Gobierno de Dina Boluarte acusa a los presidente de los cuatro países de entrometerse en “los asuntos internos” de Perú al cerrar filas con el expresidente. Castillo se había sentido bastante solo durante su mandato, apartado del eje de izquierdas latinoamericanas, en el que nunca llegó a encajar, pero ahora que está preso tiene más apoyo exterior que nunca.
Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) han liderado la defensa del maestro rural, al que consideran una víctima del sistema político peruano. Hace tres días, en una comunicado conjunto, los cuatro países pidieron a las autoridades peruanas respeto por la investidura de Castillo. “Desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dice el texto. El bloque latinoamericano de izquierdas tampoco acude completo a esta defensa del maestro rural. El presidente chileno, Gabriel Boric, decidió no secundar el comunicado y ha dado su aval al Gobierno de Boluarte.
La relación diplomática ha comenzado a tensarse. La situación no es fácil para la nueva presidenta. Las protestas en las regiones del sur del país que piden el adelanto electoral y la liberación de Castillo están poniendo a prueba su resistencia estos días. El ruido exterior de los países vecinos aumenta la presión sobre el Gobierno que resultó del intento de asonada.
La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, ha sido enfática al asegurar que hubo un golpe de Estado y que los pronunciamientos de los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia), Petro y López Obrador “no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo”. Añadió que en Columna Digital hay “pleno respeto” por los derechos humanos y que Castillo ha contado con todas las garantías procesales desde su detención.
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