El clima político en Perú se encuentra en un estado de alta tensión a medida que se acerca el final del escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato por Renovación Popular, ha exigido la anulación de los comicios tras ver cómo los resultados oficiales han puesto en duda su posibilidad de avanzar a la segunda vuelta, quedándose rezagado en el tercer lugar, ahora ocupado por el izquierdista Roberto Sánchez.
Con un 91% del escrutinio realizado, los números reflejan que López Aliaga se enfrenta a una dura competencia, ya que Sánchez, respaldado por una oleada de apoyo de sectores agrícolas del sur, ha logrado posicionarse con un 12,05% de los votos, frente al 11,86% del exalcalde. Este estrecho margen representa apenas 31.000 votos, un número crítico, considerando que aún quedan algunas mesas por escrutar en Lima Metropolitana y en regiones donde Sánchez ha ganado popularidad.
López Aliaga, quien se ha visto influenciado por la retórica de Donald Trump, ha advertido a sus seguidores que, si se confirma el fraude que él denuncia, convocará a una insurgencia civil. Sus palabras resonaron en la noche del martes, mientras sus seguidores se congregaban frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones en Lima. En contraste, el centrista Jorge Nieto se presenta con un 11,07% de los votos, manteniendo una postura democrática en medio de las acusaciones que agitan el panorama político.
El candidato López Aliaga ha declarado que sus rivales buscan “inflar” la candidatura de Sánchez, a quien ha calificado de radical, en un intento por enfrentar nuevamente a Keiko Fujimori, la política que ha dominado el escenario electoral en años recientes. Sin embargo, estas acusaciones de fraude no son corroboradas por organizaciones no gubernamentales ni observadores internacionales, quienes subrayan la falta de evidencia que respalde tales afirmaciones.
En medio de este caos electoral, la logística del domingo ha puesto en tela de juicio el funcionamiento del sistema democrático peruano, y ya se han registrado detenciones de funcionarios electorales, incluida la de un gerente de la ONPE, el organismo encargado de las elecciones. Piero Corvetto, su director, ha sido cuestionado por las anomalías y crisis en el proceso, y su comparecencia ante el Congreso no ha convencido a muchos.
Por su parte, Sánchez ha manifestado su intención de abogar por el indulto de Pedro Castillo, el ex presidente actualmente preso. En un fervoroso discurso, el candidato de Juntos por el Perú ha prometido “justicia restauradora” para los votantes del sur andino, mientras su popularidad augura que logrará avanzar a la segunda vuelta en un entorno cada vez más polarizado.
Los oyentes de este embrollo electoral pueden esperar resultados finales en las próximas horas, en un clima marcado por la incertidumbre y las promesas de una democracia en revisión. La atención del país está centrada no solo en los resultados, sino en el futuro inmediato de su gobernanza y en un llamado urgente a la estabilidad social y democrática.
Actualización: a fecha del 15 de abril de 2026, se aguardan los resultados finales del escrutinio.
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