En un contexto de creciente violencia ligada a la minería en Perú, la presidenta Dina Boluarte ha impuesto un toque de queda en la zona andina de Pataz, que se extenderá desde las 18:00 hasta las 06:00 horas. Esta medida se implementa tras el escalofriante hallazgo de 13 trabajadores de una pequeña mina, asesinados por mineros ilegales después de haber sido secuestrados durante varios días.
Ante esta alarmante situación, la presidenta ha decidido suspender todas las actividades mineras en la provincia por un periodo de 30 días, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes fatales. Boluarte ha enfatizado que este tiempo será crucial para revisar las concesiones en estado de suspensión y ha prometido una respuesta contundente contra los criminales que operan al margen de la ley.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, se ha indicado que existe la posibilidad de extender esta suspensión si las condiciones lo requieren. Asimismo, Boluarte ha instado a las empresas mineras a evitar la subcontratación de sus concesiones, resaltando que esta práctica puede dificultar el control sobre quiénes están implicados en la actividad extractiva.
La presidenta ha puntualizado que empresas formales como Poderosa, Horizonte, Marsa, Santa Bárbara y Caraveli han sido blanco de incidentes violentos que han costado la vida a varios de sus trabajadores. En respuesta, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, ha defendido que las sanciones no deben recaer sobre las mineras legales, sino exclusivamente sobre quienes operan fuera del marco legal.
Los cuerpos de los trabajadores de la minera artesanal R&R, vinculados a Poderosa, fueron rescatados por la policía tras un asalto que ocurrió el 26 de abril, perpetrado por “mineros ilegales coludidos con elementos criminales”. Poderosa se ha pronunciado al respecto, lamentando profundamente la muerte de los trece trabajadores y condenando la creciente violencia en el sector.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha expresado su repudio hacia el crimen y ha exigido a las autoridades que identifiquen y sancionen a los culpables con todo el peso de la ley. Este hecho resalta el desafío de las economías ilegales en Perú, que buscan intimidar a la sociedad y tomar control de propiedades tanto públicas como privadas.
La situación es crítica: hasta la fecha, se ha señalado que 39 personas, entre empleados y mineros artesanales, han sido asesinadas por bandas criminales en Pataz. Poderosa ha urgido al Gobierno a replantear su estrategia para enfrentar la criminalidad, pidiendo una mayor intervención policial en las bocaminas ilegales, donde operan los grupos responsables.
Este panorama refleja una grave crisis de seguridad en el sector minero peruano, donde la lucha contra la minería ilegal y la violencia asociada se vuelve cada día más urgente.
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