El horizonte judicial de Juan Carlos I en España ha quedado despejado. Tras casi dos años de investigación, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe del Estado entre 1975 y 2014 y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las investigaciones han constatado numerosas irregularidades fiscales, pero consideran que la imposibilidad de perseguir conductas cometidas por el rey emérito antes de su abdicación, las dos declaraciones de Hacienda complementarias que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra el rey emérito. El abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, ha emitido un comunicado en el que destaca que los decretos concluyen que en ninguno de los casos investigados se puede imputar “ilícito alguno” al anterior jefe del Estado
La decisión de la Fiscalía pone fin a casi dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos I.
Los dos decretos de archivo firmados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, constatan numerosas irregularidades cometidas por parte del anterior jefe de Estado, pero el ministerio público ha llegado a la conclusión de que algunas están prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado. Y las conductas presuntamente delictivas que se pueden demostrar a partir de 2014 (donaciones de dinero no declaradas de inicio a la Hacienda española) han quedado sin reproche penal por la regularización fiscal presentada por el abogado del emérito y que la Fiscalía da por buena.
Las pesquisas sobre Juan Carlos I se iniciaron para indagar el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediación del rey emérito para que el contrato de las obras del AVE a La Meca fuera otorgado a un consorcio empresarial español. Meses más tarde, la Fiscalía abrió otras dos líneas de investigación: el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, que en septiembre de 2020 reconoció a la Fiscalía Anticorrupción que había regalado cerca de un millón de euros al anterior jefe de Estado español entre 2016 y 2018. El rey emérito no declaró a Hacienda estos regalos hasta diciembre de 2020, cuando declaró 678.393 euros para poder acogerse al artículo 305.4 del Código Penal, que establece que la regularización de la situación tributaria “impedirá” perseguir las irregularidades contables cometidas previamente. La tercera investigación que mantenía abierta la Fiscalía se centraba en la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de las islas del Canal y abierto en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos, que figuró entre los titulares de esta sociedad.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca.
Sobre la primera investigación, la referida a las supuestas comisiones relacionadas con las obras del AVE a la Meca, la Fiscalía advierte de que en los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña Lucum en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra “cuyo titular real” era el entonces jefe de Estado se han identificado cuotas defraudadas a Hacienda en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 “que superan con creces” el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito. Sin embargo, este posible delito estaría prescrito en lo referido a los años 2008 a 2011. No así lo relativo al ejercicio 2012, pero, en cualquier caso, Juan Carlos I era entonces inviolable, por lo que el ministerio público considera que no puede perseguir estas actuaciones, según la interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad que vienen haciendo tanto la Fiscalía del Supremo como la Sala Segunda del alto tribunal.
El fiscal Luzón advierte también de que la investigación no ha podido establecer, “siquiera de modo indiciario”, ninguna vinculación entre el ingreso de 64.884.405 euros en la cuenta de la fundación Lucum en 2008 y la adjudicación de las obras del llamado AVE del desierto. Se trataría, pues, según el ministerio público, de un “regalo” que Juan Carlos I pudo recibir “en consideración” a la condición de jefe de Estado que entonces ostentaba. En ese supuesto, advierte el ministerio público, el ahora rey emérito podría haber cometido un delito de cohecho (artículo 422 del Código Penal) pero la actuación de la Fiscalía vuelve a chocar en ese punto con la frontera de la prescripción.
En el decreto de archivo de esta investigación analiza, no obstante, la posible comisión de un delito de blanqueo por actuaciones llevadas a cabo entre los años 2008 y 2012 “por orden” del entonces Monarca tras la recepción de los 64,8 millones en la cuenta de Lucum, partiendo de que la aceptación de esa cantidad por parte de Juan Carlos I puedo ser delictiva. Pero, según la Fiscalía, los movimientos que hubieran podido implicar un delito de blanqueo cesaron en 2012, cuando el ahora rey emérito todavía ocupaba el trono y, por tanto, era inviolable.
Respecto a las investigaciones referidas a los fondos donados presuntamente por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y los gastos sufragados al rey emérito por la fundación Zagatka (constituida por su primo Álvaro de Orleans), el ministerio público constata ambos hechos, pero da por buenas las regularizaciones fiscales presentadas por el abogado del exmonarca, lo que le exime de un posible delito fiscal.
El ministerio público ha constatado que en esas declaraciones complementarias no existe ningún gasto que haga referencia a la compra y pago de armas de fuego. No obstante, en la cuenta de Zagatka en la entidad Lombard Odier existe un cargo de 102.000 euros del 29 de junio de 2018 por la adquisición y pago de tres armas de fuego. El precio unitario de cada arma fue de 27.999 euros, más el 21% de IVA, lo que arroja un total de 101.636,37 euros, según la factura presentada. La Fiscalía ha podido comprobar que el armero emitió la factura a nombre de Álvaro de Orleans y que este regaló las armas a Juan Carlos de Borbón, que tenía que haberlo declarado en el impuesto de donaciones. No lo ha hecho, pero el importe que ha dejado declarar, 30.411,14 euros, es muy inferior a los 120.000 euros implican la existencia de delito fiscal.
En su escrito, el fiscal destaca que pese a que el ministerio público no puede actuar contra el rey emérito por el dinero no declarado, ha sido precisamente la actuación de la Fiscalía la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, cuantía correspondiente a las cuotas que Juan Carlos I no abonó en su momento y ha regularizado ahora (con intereses incluidos) para evitar ser perseguido por delito fiscal.
Sobre la última de las investigaciones abiertas, centrada en dinero supuestamente oculto en un trust financiero, JRM 2004, domiciliado en el paraíso fiscal de las islas del Canal, el ministerio público ha constatado la existencia de un trust constituido en 2004 por Joaquín Romero Maura, consejero de don Juan Carlos, con unos fondos iniciales de 14.923.604 euros. Este dinero, a su vez, provenía de la liquidación de otros dos trust creados en Jersey por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal. La Fiscalía considera que la finalidad de ambos trust era apoyar al entonces Rey en el caso de que fuera depuesto por un golpe de estado inconstitucional o una situación similar” y tenían a este como “único beneficiario”. “S.M. D. Juan Carlos de Borbón decidió liquidar los trust en 2004 y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura”, señala el ministerio público, que sostiene que, desde entonces, ni Juan Carlos I ni nadie de su entorno se beneficiaron de estos fondos.
Una vez cerradas las tres diligencias abiertas en España y después de que en diciembre pasado la justicia suiza archivara la investigación que se había iniciado en ese país en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca, el rey emérito solo tiene ya pendiente de resolución el procedimiento civil abierto en el Reino Unido después de que Corinna Larsen le demandara por el supuesto acoso que asegura que sufrió desde el año 2012 por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, según su denuncia, actuaban por orden del monarca. El tribunal tiene que decidir si el exmonarca español preserva su inmunidad para no ser juzgado.
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