Gustavo Petro está dispuesto a pisar su primer charco. El presidente ha anunciado que los precios de la gasolina comenzarán a subir. Columna Digital tiene uno de los precios más bajos de la región, solo por encima de Venezuela y Bolivia, gracias a un esquema que se creó en 2007 y ha resultado enormemente deficitario para el Estado. El nuevo Gobierno está decidido a sanear las cuentas públicas, para lo que ha presentado una ambiciosa reforma tributaria con la que espera aumentar la recaudación. Las ayudas públicas a la gasolina suponen un lastre económico incompatible con las expectativas del Gobierno, pero también funcionan como una contención del descontento social, en medio de una inflación desbocada que ya supera el 10%. El anuncio supone la primera medida impopular que está dispuesto a batallar el presidente.
Petro lleva semanas con el viento de cara. El 56% de los colombianos aprueban su gestión y ha logrado tejer unas mayorías impensables hasta hace meses en el Congreso. El presidente de izquierdas llegó al poder gracias a al apoyo de los sectores más populares, aquellos que nunca habían logrado gobernar un país que siempre ha estado en manos de la misma élite política. Petro no es un outsider, pero sí un exguerrillero de izquierdas en un país de gobiernos conservadores. Eliminar o reducir un subsidio tendría un impacto en todas direcciones, del pequeño consumidor al empresario, y supone varios riesgos. El mismo presidente los conoce. Por eso plantea la decisión como un gran “debate nacional” y busca amortiguar el mensaje: “¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?”.
El melón que ha decidido abrir el Gobierno lleva meses sobrevolando el debate público. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue el primero en ponerlo sobre la mesa. “Tendríamos un déficit de 28 billones de pesos a no ser que empecemos a aumentar fuertemente los precios de los combustibles, lo que es un tema bastante complejo”, dijo hace unas semanas. No tocar el subsidio genera un problema creciente en las cuentas públicas, lo que reduce la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las reformas que planteó en su programa. Pero reducirlo o eliminarlo podría, además de generar malestar popular, alimentar la inflación, que está en su momento más alto en 23 años. También podría tener una incidencia directa en la pobreza, que afecta al 39% de la población.
Colombia no es el único país con medidas de contención de los precios de los combustibles. En la región, de hecho, son generalizados. Los tienen Brasil, Venezuela, México, Chile, Bolivia o Ecuador.
Este tipo de ayudas se han popularizado en este momento de crisis internacional por la guerra de Ucrania, que ha alterado el mercado energético, obligando a muchos países a tomar medidas adicionales. Pero la situación del Fondo de estabilización de precios de los combustibles que creó el Gobierno colombiano en 2007 es crítica. La proyección era que mantuviera un equilibrio y se costeara solo, pues se alimentaría de cobrar más alto al precio internacional del petróleo cuando éste estuviera bajo, y convertiría ese superávit en un subsidio al precio de la gasolina cuando el crudo estuviera alto. Pero desde su creación casi todos los años ha resultado deficitario lo que ha obligado al Estado a asumir sus deudas. Hoy en día el galón de gasolina en Colombia cuesta unos 9.500 pesos (2,2 dólares) mientras en la media regional tiene un coste de más del doble.
“El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, sostuvo Petro este domingo en Twitter. El ministro de Minas y Energía del gobierno anterior, Diego Mesa, ha argumentado que la crisis del fondo se disparó con el aumento del precio de petróleo en 2020 por cuenta de la pandemia
Los analistas llevaban tiempo alertando de que esta sería una de las primeras decisiones que tendría que tomar a corto plazo el presidente y, en general, aplauden una medida que se veía necesaria desde hace tiempo, pero que aún no se sabe cómo se llevará a cabo para evitar un salto abrupto en los precios y su impacto en la inflación y el bolsillo de los colombianos.
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