Por Carlos Aguilera Rue
El abogado morelense, Luis Ortiz Salgado solicitó a los integrantes de la 55 Legislatura del Congreso de Morelos sean incluidas, a la convocatoria para el próximo proceso de designación de magistrados del Poder Judicial del estado y demás tribunales, acciones afirmativas en favor de las personas históricamente vulnerables pertenecientes a la población LGBTIQA+.
En un oficio enviado al presidente del Congreso del Estado de Morelos, Francisco Sánchez Zavala y al presidente de la Junta Política y de Gobierno, Alejandro Martínez Domínguez, el también catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos(UAEM), se legitimó de toda la vida, como integrante de este sector y aseguró que dentro próximo proceso de designación de magistradas, magistrados y magristrades es fundamental no continuar con la discriminación y permitir la participación de esta población que cumple con todos los requisitos que la Constitución ordena.
En este sentido, Ortíz Salgado recalcó que las acciones afirmativas son medidas que se toman para corregir la discriminación histórica y estructural que ha afectado a grupos vulnerados históricamente, como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de color, adultos mayores, indígenas y la comunidad LGBTIQA+, estas medidas tienen como objetivo nivelar el campo de juego y proporcionar igualdad de oportunidades a estos grupos.
Además, dijo que las acciones afirmativas pueden ayudar a cambiar las actitudes y percepciones de la sociedad hacia los grupos minoritarios, ya que se les reconoce su valor y se les da un lugar en la sociedad. Esto puede ser especialmente importante en sociedades que han sido históricamente discriminatorias y desiguales.
Asimismo, mencionó que los miembros de la comunidad LGBTIQA+, “hemos sido discriminados a través de la historia y en la actualidad. Hay quienes ejercen violencia hacia otros utilizando términos despectivos creados exclusivamente para referirse a personas integrantes del multicitado sector, lo cual nos brinda un panorama del nivel de intolerancia y discriminación que se ejerce contra nosotros en nuestra cotidianeidad”.
Por lo tanto, Ortíz Salgado, señaló que en vísperas del inicio del proceso de designación de magistradas, magistrados y magistrades, que realizarán los integrantes del Congreso Estatal, se tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso real y efectivo de los derechos humanos, la inclusión y no discriminación en igualdad sustantiva de los integrantes que pertenecen a las comunidades más vulneradas y discriminadas como es el caso de los integrantes LGBTIQA+.
Resaltó que si el colectivo LGBTTTIQ+, fuera un país sería la tercera o la cuarta economía mundial. Así lo expone el informe de LGBTI 350 a LGBTI 400: Orgullo y rendimiento empresarial, publicado por Credit Suisse. El banco estima que entre el 5% y el 10% de la población mundial es LGBTTTIQ+, y tiene unos patrones de gasto similares a los del resto de consumidores, con lo que su PIB se situaría entre los 2,7 y los 5,2 billones de dólares. Por ponerlo en perspectiva, el PIB de Japón (tercera economía mundial) en 2019 fue de 5 billones de dólares, según el Banco Mundial.
El 6 de junio de 2009, agregó, se reformaron 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se logró garantizar los derechos políticos de las mujeres, pues se aseguró que la mitad de los cargos de decisión fueran para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres .
De igual forma, explicó que esta reforma constitucional denominada “Paridad en Todo” , en cuanto se refiere al Poder Judicial, quedó establecida en los artículos 2, 41 y 104 de la Constitución Federal y dispuso que el número de mujeres y hombres que ocupan cargos en el Poder Judicial debían ser iguales, dando prioridad a la participación de mujeres en los tribunales, para lograrlo se exigió que los mecanismos para la selección de juezas y jueces fueran igualitarios, medidas tomadas con el objetivo de cumplir la eliminación de todas las barreras que impidieran el acceso de la mujer a la igualdad de oportunidades en el Poder Judicial.
“En el transcurso de la vida, las personas que no nos identificamos como heterosexuales enfrentamos una multiplicidad de obstáculos y dificultades; desde encontrar una identidad, que supone hacer pública la orientación sexual o identidad de género, liberándonos de prejuicios personales y familiares hasta para el pleno ejercicio y disfrute de nuestros derechos, y sin embargo, en muchas ocasiones esta lucha termina siendo invisible a ojos de quienes no pertenecen a este grupo”, apuntó.
Algunos líderes de la comunidad LGBTTTIQ+, de América Latina han expresado ante los medios de comunicación que, si bien en algunos países se les permite formar parte de un partido político, “sigue estando el machismo como el patriarcado dentro de los partidos políticos.” Aunado a esto, también existe la preocupación de las organizaciones y los partidos por el costo político de incluir una candidatura LGBTTTIQ+, declarada abiertamente, debido a los perjuicios de la población.
Abogado expuso que el Estado mexicano debe ejercer un papel activo en términos de la atención a los grupos más vulnerables socialmente e implementar estrategias para comprender sus particularidades a fin de que con base en ellas se elaboren políticas públicas y las reformas legales necesarias para llevar a tal población a un estatus igualitario dentro de la sociedad. El reconocimiento de la comunidad LGBTTTIQ+, como titulares de derechos humanos, y en especial de los derechos político-electorales, es un paso importante en la consolidación de una democracia incluyente y representativa.
El catedrático de la UAEM estableció que las acciones afirmativas son importantes porque pueden ayudar a corregir la discriminación y la desigualdad histórica, brindar igualdad de oportunidades a todos los grupos, y fomentar una sociedad más inclusiva, ya que lo ha vivido en sí,
Ortíz Salgado pidió a las autoridades estatales comenzar a comprender ese derecho, a concebir que “somos más de dos identidades sexuales y de género, que la humanidad tiene otras posibilidades de ser, más allá que las formas culturales establecidas. Ello, además llevó de la mano entender que la democracia también debe ser inclusiva respeto de esos otros géneros, en donde la convivencia y exigencia de los derechos de las personas integrantes del grupo LGBTTTIQ+, no binarias también sea real y efectiva”.
“Una vez que las autoridades del estado reconozcan, sin prejuzgar, las múltiples formas que una persona puede autoadscribirse a sí misma, comienza el paso para que la diversidad de la sociedad fuera visible en los puestos de toma de decisión pública”, finalizó.
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