Plazos incumplidos en Congreso siguen impunes

El Congreso de la Unión incumplió, hace más de un año y tres meses, el plazo que él mismo se impuso para expedir la ley general en materia indígena y afromexicana. Esta omisión, que ha generado preocupación entre especialistas, no conlleva ninguna sanción jurídica, según los expertos Juvenal Lobato y Fernando Dworak.

Lobato, constitucionalista de la UNAM, destaca que la falta de una ley que regule los derechos de estos grupos no está sujeta a penalización. Tal incumplimiento se debe a que, en términos legales, es considerado una norma imperfecta. La sanción solo se activaría si un individuo interpone un juicio de amparo alegando esta omisión. Mientras no exista tal reclamación, los legisladores no enfrentan consecuencias directas.

Desde un ángulo político, esta situación revela un aparente desinterés del Congreso hacia un tema que deberían atender con prioridad. “El hecho de que no cumplan con su tarea es preocupante”, sostiene Lobato, subrayando el impacto que esta falta de regulación tiene en los ciudadanos. Esto se traduce en la falta de un marco legal que respalde reformas constitucionales ya aprobadas.

Dworak también se pronuncia sobre el tema, afirmando que las consecuencias de este incumplimiento son inexistentes. Los plazos establecidos en reformas anteriores no son obligatorios y carecen de mecanismos de ejecución. Este tipo de situaciones no son nuevas; un ejemplo es la solicitud, desde 1989, de una cartilla de identidad que aún no ha sido emitida.

La reforma constitucional del Artículo 2, promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada el 28 de septiembre de 2024, estableciendo un plazo de seis meses para la creación de la ley secundaria. Este plazo expiró el 29 de marzo del año pasado. Dicha reforma exigía al Congreso expedir la ley general en un plazo de ciento ochenta días a partir del 1 de octubre de 2024.

Hasta la fecha, solo la iniciativa presentada por el diputado Alfredo Vázquez, de Morena, está en análisis. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado una consulta con 69 pueblos indígenas y comunidades afromexicanas sobre la iniciativa de ley que presentará al Congreso el próximo 12 de octubre.

Este continuado incumplimiento legislativo demanda atención urgente, pues afecta los derechos de comunidades que esperan un marco normativo que respalde sus reivindicaciones. Es fundamental que el Congreso asuma su responsabilidad y cumpla con las obligaciones que se ha impuesto a sí mismo, garantizando así el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

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