La reciente información brindada por el INEGI revela un panorama positivo, aunque matizado, en relación con la pobreza en México. En el periodo de 2018 a 2024, la pobreza moderada ha disminuido considerablemente, pasando del 41.9% al 29.6% de la población. De forma paralela, la pobreza extrema ha mostrado un descenso, del 7% en 2018 al 5.3% en 2024. Sin embargo, a pesar de estas cifras, el número total de personas en situación de pobreza moderada sigue siendo alarmante: 38.5 millones, mientras que los que se encuentran en pobreza extrema ascienden a siete millones.
Un dato alentador es el aumento en la proporción de la población que no vive en pobreza ni es vulnerable, que ha pasado del 23.5% en 2018 al 32.2% en 2024, lo que traduzca en 42.3 millones de individuos. Sin embargo, esta mejora se ve opacada por un incremento en la población sin acceso a la seguridad social y el 29.6% de la población en pobreza multidimensional. Preocupa también el deterioro en la calidad de la educación y los servicios de salud en el sistema público, resultado en parte del estancamiento presupuestario en estas áreas, que ha desviado recursos hacia obras públicas con rentabilidad cuestionable.
La reducción en la pobreza por ingresos, que ha caído del 49.9% en 2018 al 35.4% en 2024, se atribuye principalmente a dos factores. En primer lugar, un aumento en los ingresos laborales, impulsado por una política salarial activa que, según expertos, no podrá sostenerse sin un incremento en la productividad. En segundo lugar, se destacan las transferencias a las familias, incluyendo tanto las remesas de migrantes —que sumaron 318.3 mil millones de dólares entre 2019 y 2024— como los apoyos gubernamentales a través de diversos programas sociales, lanzados en su mayoría con fines electorales.
Sin embargo, el crecimiento de estas transferencias tiene un costo elevado: el recorte en el gasto en educación y salud ha dejado a 44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud adecuados. Las previsiones sobre la sostenibilidad de estos programas son preocupantes, ya que muchos han sido consagrados en la Constitución y están vinculados a la inflación, lo que incrementa el riesgo de que se sacrifique gasto en áreas vitales como educación e inversión pública.
Es fundamental reconocer que, aunque estas transferencias brindan un alivio inmediato para las familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza, no resuelven de manera estructural el problema de la pobreza. La clave para mejorar la situación radica en fomentar un crecimiento económico sostenido y robusto, capaz de generar empleos con salarios reales crecientes. Sin embargo, la previsión para el crecimiento económico en este año es desalentadora, con un estimado máximo de 0.5%.
A pesar de que el gobierno menciona el crecimiento como un objetivo, la realidad sugiere que no se están creando las condiciones propicias para facilitar la inversión y el avance tecnológico necesarios para aumentar la productividad. Este contexto plantea una disyuntiva crítica: mientras algunos programas sociales se extienden, la oportunidad de emitir políticas que promuevan un crecimiento real se diluye, perpetuando un ciclo de dependencia e impidiendo la mejora sostenible del bienestar económico en el país.
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