Unidas Podemos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso con el fin de que se tramite la reforma de la Constitución que permita cambiar el término disminuido por persona con discapacidad y que se incluya la posibilidad de que la Comunidad Valenciana recupere la capacidad de regular un derecho civil propio. El partido se compromete a no abrir el melón de la reforma constitucional aprovechando estos cambios y que “esta modificación parcial se limite exclusivamente a estas dos reformas sociales de la carta magna”.
El riesgo de que una tramitación de reforma constitucional abriera la puerta a discutir la inclusión de otros cambios ha hecho que la inclusión del término disminuido en el artículo 49 esté estancado desde hace más de dos décadas. Sobre la modificación de la disposición adicional segunda para que la Comunidad Valenciana regule su derecho foral existe unanimidad entre los partidos, además del apoyo de sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, 541 ayuntamientos, diputaciones valencianas y Generalitat.
Unidas Podemos ha sido uno de los grupos en los que recaía la desconfianza a la posibilidad de aprovechar esa puerta abierta pero el diputado Txema Guijarro ha presentado una PNL en la que asegura que la modificación parcial se limitará “exclusivamente” a esas dos reformas. Además, esgrime que el presidente de CERMI, el comité de representantes de las personas con discapacidad, ha apoyado la tramitación conjunta de ambos cambios que “representan un bien incuestionable para nuestra vida política y para la extensión y profundización de nuestra democracia”, según un escrito remitido a las Cortes valencianas.
Según fuentes de la asociación Juristes Valencians, que promueve la reforma sobre el derecho civil valenciano, ERC también se ha comprometido a sacar adelante la reforma sin entrar en otras cuestiones durante esta legislatura.
Unidas Podemos admite que el hecho de limitar la reforma “viene determinada por la dificultad de alcanzar las mayorías requeridas para realizar modificaciones en la Carta Magna”. Así, reclama que, “ante el empuje social”, el Congreso y el Senado “deben dar respuesta a los requerimientos de los representantes de las personas con discapacidades y de los valencianos que quiere disfrutar del autogobierno diseñado tras la reforma del Estatut en 2006″. En cualquier caso, Guijarro sostiene que los valencianos “no aspiran a más autogobierno”, sino que solo aspiran a que “no se discrimine a los valencianos”. De hecho, las seis autonomías (País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia, Cataluña y Baleares) que sí tenían fueron propios en el 78 mantienen esa competencia.
Tras la reforma del Estatut de 2006 la Comunidad Valenciana legisló sobre el régimen económico matrimonial, por la que se asignaba la separación de bienes en lugar del habitual de gananciales cuando una pareja se casaba; sobre custodia compartida de los hijos como medida inicial tras un divorcio; y sobre la regulación de las uniones de hecho. Pero el Tribunal Constitucional tumbó las tres leyes alegando una extralimitación en la competencia legislativa. Para devolverles su vigencia, la disposición adicional segunda debería incluir el siguiente párrafo: “La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales”.
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