Esteban González Pons, encargado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de asumir la negociación con el Gobierno sobre la renovación de las instituciones, ha remitido una carta al Ejecutivo donde expone las ideas de la formación conservadora sobre cómo resolver la crisis que vive la Justicia española a cuenta, entre otras cosas, del rechazo del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde que este partido pasó a la oposición. Esa situación de bloqueo sólo se ha dado en democracia cuando los populares no están en el Gobierno.
Cuenta Pons que desde que Feijóo fue elegido presidente del PP, hace cinco meses, en sustitución de Pablo Casado, su permanente ambición ha sido “renovar, regenerar y reformar las instituciones”, y sin embargo los populares no han conseguido ninguno de esos objetivos porque se han negado a hacerlo, con diversas excusas. Una de ellas, que el Gobierno había impulsado una ley urgente para permitir al Poder Judicial, estando en funciones, nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. Curiosamente, esa reforma legal había sido pactada por escrito con el PP antes de que llegará Feijóo, quien supuestamente se negó a cumplir los pactos.
La despolitización de la justicia que pudo aplicar el PP y nunca quiso. “Entendemos, como la mayoría de los expertos”, continúa González Pons en la carta enviada este viernes, “que la situación en la que nos hallamos se explica porque nuestra legislación no garantiza la absoluta despolitización de la Justicia”. “Es anacrónico que a estas alturas de nuestra democracia la elección de los representantes de los jueces siga dependiendo de la decisión arbitraria de los cargos políticos”, apunta. Se refiere a que, con el sistema actual, no son los jueces sino las Cámaras quienes eligen directamente a los 12 vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, en realidad, ni el Congreso ni el Senado pueden elegir a esos 12 vocales sin el aval de los jueces, que previamente a la votación en las Cortes hacen una preselección de nombres. Por ejemplo, desde hace tres años hay una lista de 51 jueces, entre ellos tres magistrados del Supremo, avalados por cuatro asociaciones judiciales y sus propios compañeros, que esperan a que el PP desbloquee la situación para que 12 de ellos integren el nuevo CGPJ. Pero es que, además, el PP gobernó entre 2011 y 2015 con mayoría absoluta en las dos Cámaras y prometió a su electorado y en el Congreso una reforma legal para que los jueces eligieran a esos vocales directamente, y nunca lo hizo. Cuando el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevó el texto de la reforma legal al Consejo de Ministros, el presidente Mariano Rajoy se lo echó atrás; de ese modo, el PP, que tenía mayoría, podía seguir controlando el Consejo General del Poder Judicial.
Renovaciones del Constitucional que jamás pactó el PP. “Incluyo en nuestra preocupación la situación del Tribunal Constitucional, porque entiendo que las renovaciones institucionales siempre se han abordado en su conjunto”, escribe González Pons. “En ningún momento cuestionamos la capacidad del Gobierno para nombrar libremente a los dos magistrados que le corresponden, por más que nos parezca sano consultar a la oposición para este tipo de decisiones, pero sí lamentamos las presiones conocidas en los últimos tiempos”. En este párrafo no puede haber más interpretaciones equivocadas. Dice Pons que las renovaciones institucionales siempre se han abordado en su conjunto. El Gobierno de Rajoy nombró a los dos magistrados del Constitucional que le correspondían en 2013: Pedro González Trevijano y Enrique López salieron elegidos sin que se abordara su renovación con el PSOE, el partido de la oposición. De hecho, el PP ya intentó proponer a Enrique López en la cuota del Senado, pero los servicios técnicos resolvieron que incumplía los requisitos técnicos de antigüedad. Después, López tuvo que dimitir porque fue cazado cuando conducía una moto de madrugada, ebrio y sin casco, por el madrileño paseo de la Castellana. Hoy es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y fue el responsable nacional de Justicia en la anterior dirección del PP.
Un Constitucional dominado por el PP en los últimos nueve años. “Un régimen constitucional pleno exige un Tribunal Constitucional en el que todos los ciudadanos pueden confiar. Ganar el TC para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos. Las urnas conceden una mayoría razonable al Gobierno en el legislador negativo, pero nunca tan abusiva como la que se plantea en estos momentos”, escribe Pons. La mano derecha de Feijóo confunde así los números. La mayoría progresista que se conformaría con la renovación actual —renovación a la que obligan la ley y la Constitución— es de 7 a 4 porque hay un magistrado elegido por el PP que dimitió por enfermedad y tiene que ser sustituido por el Senado. El Gobierno ya ha dicho que no tiene ningún inconveniente en hacerlo, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones con magistrados progresistas que dimitieron en el Constitucional y no fueron sustituidos durante mucho tiempo. La mayoría, por tanto, una vez cubierta esa vacante, sería de 7 a 5. La que ha existido siempre en los 40 años de funcionamiento del Constitucional: unas veces a favor de los conservadores y otras de los progresistas, pero siempre con esa proporción. La creación del tribunal estableció unos equilibrios que permiten que cinco de sus magistrados sean elegidos por las fuerzas conservadoras y otros cinco por las fuerzas progresistas. Y el único desequilibrio se produce en función del partido que esté en el Gobierno cuando toca renovar a los dos magistrados que corresponden al Ejecutivo. En 2013 le tocó al Gobierno de Mariano Rajoy y, desde entonces, en el Constitucional hay una mayoría de 7 a 5, aunque en 2021 fuera de 7 a 4 porque un magistrado progresista dimitió y no fue sustituido en el momento.
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