El grave choque judicial entre Varsovia y Bruselas ha alcanzado este miércoles cotas de enfrentamiento desconocidas hasta ahora. En un fuego cruzado de autos, el Tribunal de Justicia europeo ha exigido la suspensión cautelar de una de las recientes reformas judiciales del Gobierno polaco y solo unas horas después el Constitucional polaco ha dictaminado, en relación con un caso anterior, que ese tipo de medidas cautelares europeas son incompatibles con la Constitución del país.
La peligrosa escalada, que algunos analistas llegan a calificar como la antesala de una posible salida de Polonia de la UE, llega solo 24 horas antes de otro previsible encontronazo. El Tribunal europeo debe fallar este jueves sobre el recurso de la Comisión Europea contra los cambios introducidos por el Gobierno polaco para someter a los jueces del país a un régimen disciplinario que, según Bruselas, no garantiza la imparcialidad e independencia del Tribunal Supremo polaco y limita, además, la posibilidad de los tribunales polacos de plantear consultas prejudiciales ante la Corte europea.
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Este jueves también está previsto que el Constitucional polaco se pronuncie sobre una consulta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en la que se cuestiona la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. El dictamen, que se augura a favor de la primacía del derecho polaco, podría poner en jaque toda la estructura judicial de la UE, basada en el respeto y acatamiento de las sentencias del Tribunal de Justicia europeo como última autoridad judicial en la aplicación del derecho comunitario.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reinders, advertía recientemente que la rebeldía del Constitucional polaco, si llega a consumarse, podría provocar un efecto dominó en otros países “que destruya la Unión [Europea]”. El desacato del Constitucional tan temido por Reinders se ha producido este miércoles en relación con un caso concreto. Y podría convertirse este jueves en un desafío definitivo si los jueces fallan, como parece desear Morawiecki, que en caso de duda el derecho polaco prevalece sobre los posibles veredictos de los jueces europeos.
El incumplimiento de un auto con el que ha amagado este miércoles el Constitucional ya podría obligar a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción que, en caso de desacato continuado, podría desembocar en sanciones multimillonarias contra Polonia. Otros países, incluido España, han encajado multas por incumplimientos de sentencias, pero se ha tratado de casos en que los Gobiernos de turno no lograban aplicar a tiempo una norma comunitaria o no lograban recuperar una ayuda de Estado ilegal. En ningún caso, hasta ahora, se ha sancionado a un país por desobedecer deliberadamente una sentencia europea.
El enésimo conflicto con Varsovia redoblará, además, la presión de los partidarios de aplicar a Polonia y a Hungría cuanto antes el artículo 7 del Tratado de la UE, que permite suspender el voto en el Consejo de la UE de los países que vulneren los valores fundamentales del club. Ese artículo, nunca aplicado, equivale a condenar al país a un ostracismo político e institucional difícilmente soportable para cualquier Gobierno.
A la amenaza de una salida de facto de la principal institución de la UE se añade el riesgo de que Polonia y, sobre todo, Hungría, se vean sometidas a la aplicación del nuevo reglamento de los fondos europeos que vincula su desembolso con la fortaleza del Estado de derecho. El Parlamento Europeo ya ha reclamado que se aplique esa norma de forma inmediata contra el Gobierno húngaro de Viktor Orbán, al que se acusa de una deriva autoritaria, xenófobo y homófoba incompatible con los principios de la UE.
En el caso de Polonia también ha habido choques por las políticas homófobas de algunas autoridades del país. Bruselas ha cortado ya a las localidades polacas que se han declarado zonas libres de LGTBI los fondos que sufragan en parte el coste de hermanamiento entre ciudades y pueblos europeos.
El enfrentamiento de Bruselas y Varsovia se centra, sin embargo, en las sucesivas reformas judiciales acometidas por el Gobierno del PiS, el partido dominado por Jaroslaw Kaczynski. Lo que en principio se presentó como un intento de saneamiento de la carrera judicial para romper con los restos del antiguo régimen comunista se ha convertido, según Bruselas, en una purga para acabar con cualquier atisbo de independencia del poder judicial respecto al partido en el poder.
Bruselas ya ha denunciado a Polonia ante el Tribunal europeo hasta en tres ocasiones por esos cambios en el Gobierno de los jueces. Y la Corte europea ha aceptado dos veces, la última este miércoles, la petición de medidas cautelares de la Comisión Europea para frenar las reformas y evitar daños irreparables a la calidad del Estado de derecho.
El Tribunal europeo solo concede excepcionalmente medidas cautelares y su acatamiento hasta ahora parecía inexcusable para cualquier gobierno. El Constitucional polaco ha quebrado este miércoles esa seguridad jurídica. Y algunos analistas apuntan que Polonia se pone así, de facto, fuera del orden jurídico europeo.
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