Cinco partidos políticos fueron sancionados por el Instituto Nacional Electoral(INE) con más de 2.1 millones de pesos por registrar irregularidades en fiscalización y procedimientos administrativos.
Durante la sesión del Consejo General del INE, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que este fue el resultado de 19 procedimientos, de los cuales siete fueron “oficiosos” y 12 “procedimientos de queja”.
Según el consejero electoral mexicano, los siete primeros casos se declararon fundados, “al quedar acreditado que existieron irregularidades en cuanto al origen, monto, destino o aplicación de los recursos de los sujetos obligados”.
Las sanciones alcanzaron al partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con una sanción de 94 mil 55 pesos “por aportación prohibida y omisión de presentar un informe de pre campaña”.
Para el opositor Partido Acción Nacional (PAN) la multa fue de 90 mil 419 pesos “por aportación prohibida y egreso no reportado”, mientras que para el de centro-izquierda Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuso sanción de 1.44 millones de pesos.
En tanto, la sanción fue de 48 mil 877 pesos al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por “ingreso no reportado”, y de 79 mil 917 pesos al Movimiento Ciudadano (MC) “por aportación prohibida y egreso no reportado”.
Además, el INE impuso multa de 434 mil 400 pesos a un otrora precandidato “por omisión de informe de precampaña”.
El órgano fiscalizador y organizador de las elecciones detalló que, de los 19 procedimientos, cuatro se declararon infundados, ya que no se acreditó la comisión de infracciones en materia de fiscalización; en siete casos se declaró el desechamiento de los escritos de queja y en un caso se declaró el sobreseimiento.
A su vez, el consejero Martín Faz destacó la necesidad de encontrar nuevas herramientas de investigación en materia de fiscalización, “porque las redes sociales se han convertido en la nueva plaza pública” y si no se toman medidas al respecto, en un futuro nada lejano, se permitiría “la impunidad de los ilícitos electorales que a través de estas se cometan”.
También estimó necesario evaluar si se seguirá permitiendo la utilización de personas morales como intermediarias para recibir aportaciones de militantes y simpatizantes, “dado que este tipo de intermediaciones podría dar lugar a simulaciones que encubran actividades prohibidas a favor de los partidos políticos”.
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