El asesinato reciente del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar es un trágico recordatorio de la peligrosa realidad que enfrentan los comunicadores en México. Leyva Aguilar, conocido por su columna crítica hacia el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, fue ultimado mientras estaba en un puesto de comida, un acto brutal que refleja un modus operandi ya familiar en el país: sicarios que siguen de cerca las rutinas de sus víctimas para encontrar la ocasión perfecta para atacar.
La historia se repite como un guion ensayado. Las fiscalías estatales prometen investigar, la Fiscalía General de la República atrae el caso, y eventualmente se producen arrestos de personas vinculadas de diversas formas. Sin embargo, la sensación de vacío persiste ante la impunidad que rodea al asesinato de periodistas en México. Este año, ya son seis los comunicadores asesinados en apenas siete meses, sumándose a la alarmante cifra de nueve registrados en el año anterior, reafirmando la terrible conclusión de que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, incluso sin un conflicto armado.
Leyva Aguilar había denunciado la influencia del crimen organizado en la política, un hilo conductor que une a muchos periodistas asesinado. Justo días antes de su muerte, advirtió sobre una amenaza proveniente de un grupo criminal que presionaba a Jara para que impulsara a la secretaria de Turismo estatal, Saymi Pineda, como candidata. Este nexo entre el poder y el crimen es un patrón ominoso que las autoridades rara vez discuten abiertamente.
En el listado de periodistas muertos ya incluyen a Carlos Castro, asesinado en Poza Rica, Veracruz; a Luis Ángel López Valdez en el mismo lugar, y así continuamos con el caso de Roxana Guzmán, cuya muerte fue particularmente violenta. Además, Manuel Alejandro Moreno Serna fue asesinado en Guerrero y Josué Martínez Contreras en Puebla, todos caídos en circunstancias similares y sin justicia evidente. Este contexto se agrava con la reciente solicitud de desafuero presentada contra el alcalde de Ixhuatlán, Raúl González, relacionada con el caso de Guzmán, donde se menciona una conexión directa con el crimen organizado, lo que pone aún más de relieve la relación problemática entre la política y el periodismo en México.
En una entrevista reciente, el defensor de derechos humanos Pedro Cárdenas, de Artículo 19, notó que, aunque ha disminuido la descalificación pública contra la prensa en la era de Claudia Sheinbaum, la hostilidad persiste. Ejemplos de esto son los ataques verbales persistentes hacia los medios de comunicación en conferencias de prensa, que siguen erosionando la confianza en la libertad de expresión.
El problema de la impunidad se mantiene constante: más del 90% de los casos de asesinatos de periodistas nunca ven un juicio justo. Este déficit en el sistema legal solo alimenta un clima de miedo y desconfianza hacia la varilla de la justicia. A lo largo de los últimos tres sexenios, el número de comunicadores asesinados ha fluctado entre 47 y 48, revelando una inquebrantable y sombría continuidad.
Como afirma Cárdenas, la impunidad en estos crímenes es “inconmensurable”. Es un ciclo que debe romperse, pero hasta ahora, la situación sugiere que estamos atrapados en un laberinto donde la verdad sigue siendo la primera víctima.
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