A poco que en la UE surjan diferencias en el terreno económico, estas suelen asomarse por la misma grieta que ya se vio en la crisis financiera y de deuda soberana: a un lado, el norte; al otro, el sur. Ahora aparecen en un terreno distinto, pero con unas implicaciones económicas directísimas: la política energética. Los Veintisiete acumulan ya semanas de bloqueo en el alumbramiento de un tope al precio del gas en el mercado mayorista, un movimiento cuyo mero anuncio permitió una relajación del mercado, pero que sigue enfangado en las siempre tediosas negociaciones multilaterales.
Este tope pretende evitar que se repita la situación del verano. Entonces, el mercado holandés TTF —el que se toma como referencia para todo el bloque— alcanzó los 350 euros por megavatio hora (MWh), su récord histórico. Este límite divide a la UE en dos bandos con puntos de partida radicalmente opuestos. De un lado, una quincena de Gobiernos del sur y la periferia del continente, entre ellos España —cuyo perfil en la refriega ha ido creciendo con el paso de los días, muy especialmente tras arrancar el visto bueno del Ejecutivo comunitario a la excepción ibérica—, piden ambición y no una solución inaplicable como las que, a su juicio, Bruselas ha puesto encima de la mesa hasta ahora: 275 euros primero; 220 euros después. Del otro lado, Alemania y Holanda tratan de frenar una medida que, a su entender, lejos de solucionar la crisis podría entorpecer su salida.
Las posiciones se han ido acercando en las últimas jornadas, especialmente en la última reunión de ministros de Energía del martes. Tanto, que hasta los líderes de la UE se han animado a comprometer un acuerdo para el próximo lunes. Pero aún hay diferencias. La última propuesta puesta sobre la mesa por la presidencia de turno del Consejo de la UE, en manos de la República Checa, pasa por un tope de 200 euros más otros 35 de diferencial respecto a la cotización del gas licuado en el resto de mercados internacionales —un extra añadido que busca mantener el atractivo de Europa respecto al resto, sobre todo Asia— y que solo se activaría si se alcanzan esas cotas durante un mínimo de tres días consecutivos. La rebaja sobre los niveles iniciales es significativa. Pero sigue siendo “inasumible” para países como España.
Entre lo financiero y la seguridad de suministro
Los temores de Berlín y La Haya son especialmente agudos en torno a dos grandes cuestiones: la financiera y la seguridad de suministro. Herederos de una firme tradición tendente a la prudencia en todos los planos—de lo fiscal a lo monetario, pasando por lo energético—, los Gobiernos de Olaf Scholz y Mark Rutte temen que el tope cree un agujero en la cuenta de resultados de sus compañías energéticas, que el verano pasado se vieron obligadas a firmar contratos de suministro de gas a precios disparatados y cuyas cuentas de resultados quedarían ahora entre la espada (los compromisos adquiridos entonces) y la pared (el máximo que fijaría el tope al gas). Es decir, venderían a precios por debajo de sus costes.
En su cruzada contra el tope, Alemania y Holanda cuentan con un aliado de excepción: el Banco Central Europeo (BCE), que el viernes pasado advirtió de los “riesgos para la estabilidad financiera de la zona euro” que implicaría la medida y que abogaba por un completo rediseño de su propuesta. También la Comisión Europea está en este bloque: la primera propuesta presentada, con un diseño que hubiera evitado su activación incluso el pasado agosto, deja bien clara cuál es su postura y la de sus equipos técnicos. Para la némesis meridional, sin embargo, el mayor riesgo financiero es otro: que, sin un tope, ante un nuevo —y no descartable— estallido de precios, las familias y las empresas europeas sean incapaces de afrontar sus obligaciones. Y que esto acabe provocando una cascada de impagos de peligrosas consecuencias macroeconómicas.
La seguridad de suministro es el segundo gran caballo de batalla. Como desde que empezó la crisis energética, el norte da mucho más valor al abastecimiento —que, tras el cerrojazo del Kremlin, no tiene ni mucho menos garantizado— que a los precios. Para el sur, en cambio, con un potente parque de regasificadoras construidas a golpe de talonario público —cuanto más lejos de Rusia, más necesidad de buscar proveedores alternativos por barco—, lo más importante es atajar la escalada del mercado gasista. Sin ese flanco cubierto, el control de la inflación será poco menos que una quimera.
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