Al mismo tiempo que las imágenes de tropas rusas rodeando Ucrania concentran nuestra atención, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos publica un importante reporte. Su principal conclusión es que, en los próximos 30 años, el nivel del mar en las costas de Estados Unidos subirá tanto como lo hizo durante todo el siglo XX. Como contexto a este dato, basta mencionar que en esos 100 años el mar en la costa atlántica de EE UU subió de nivel más rápido que durante los 2.000 años previos.
¿Por qué le está costando tanto a la humanidad enfrentar con eficacia la crisis que puede acabar con la civilización tal como la hemos conocido? ¿Por qué los políticos no logran tomar las decisiones necesarias para disminuir las emisiones de CO₂, el gas que más contribuye al calentamiento global? Una primera respuesta es la impotencia. ¿Qué puede hacer un ciudadano normal para impedir que aumente el nivel del mar? ¿O para que disminuyan las sequías, inundaciones e incendios forestales que son ahora habituales?
Esta es una tarea para múltiples gobiernos actuando muy coordinadamente. Los individuos pueden hacer poco para contener estos accidentes climáticos, pero pueden hacer mucho llevando al poder a políticos capaces de movilizar a la sociedad y lograr su apoyo a las difíciles decisiones necesarias para contener la emergencia climática. Una iniciativa de tanto alcance no tiene muchos precedentes, pero con férrea voluntad política, masivo apoyo popular y nuevas tecnologías podría hacerse realidad.
El apoyo popular a la lucha contra el calentamiento global se ve menguado por la sensación de impotencia que los ciudadanos tienen derecho a sentir dado el tamaño del problema y por la confusión que rodea a su solución. ¿Es la amenaza tan grave como la pintan? ¿Son las soluciones propuestas las correctas? ¿Se puede creer a los expertos?
Son preguntas válidas. Pero, en algunos casos, solo buscan confundir. El escepticismo y la confusión acerca de cómo enfrentar el problema se nutre por la politización del tema y por los intereses que se benefician de la situación actual. Dos investigadores, Doug Koplow y Ronald Steenblik, acaban de publicar un estudio donde reportan que los gobiernos que dicen estar haciendo lo posible para reducir sus emisiones de CO₂ gastan, al mismo tiempo, 1,8 billones de dólares (1,6 billones de dólares), o 2% del PIB mundial, en subsidios dirigidos a las industrias más contaminantes: carbón, petróleo, gas y agricultura, por ejemplo. Las grandes empresas en estos sectores saben cómo defenderse de iniciativas que atentan contra su rentabilidad. Décadas atrás, la industria del tabaco financió a “expertos” y centros de investigación que cuestionaban que hubiese un vínculo entre el consumo de tabaco y el cáncer. Por años lograron posponer la aceptación por parte de políticos y gobiernos de ese hecho científicamente comprobado. Decenas de miles de fumadores perdieron la vida en ese periodo. Las empresas petroleras también financian a escépticos que cuestionan la emergencia climática global. En 2019, ExxonMobil pagó 690.000 dólares a ocho grupos de activistas y científicos que niegan la crisis.
Un difícil obstáculo a vencer en el intento de evitar que el planeta se nos haga inhabitable es la falta de solidaridad intergeneracional. “A mí me da igual, yo ya no voy a estar cuando venga esa crisis” es un comentario que todos hemos oído. En justicia, cabe decir que este desinterés por la situación del planeta que heredaran nuestros sucesores también se nutre de la falta de un claro consenso político acerca de qué hacer.
Las soluciones ahora disponibles tales como la eliminación de subsidios a empresas altamente contaminantes, o el pago de un impuesto al consumo de carbón redundan en aumentos en el coste de la electricidad, de la gasolina, de la calefacción, en los precios de productos manufacturados y mucho más. Estos mayores costes son inmediatos y concretos. En cambio, los beneficios que prometen las soluciones al calentamiento global son a largo plazo y nadie puede garantizar que ocurran. Son una apuesta. Esta dualidad entre costes actuales y tangibles y los beneficios que son hipotéticos y para el futuro hace políticamente muy difícil la adopción de las medidas que requiere la crisis climática.
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