“El caso está cerrado, por muy triste y luctuoso que sea”. De esta forma tan categórica la Seguridad Social da carpetazo a la reclamación de los extrabajadores y familiares de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), en Jaén, para que sus dolencias sean consideradas como enfermedad profesional por su exposición al uranio sin medidas de protección durante los 22 años que permaneció abierta la que fue considerada primera instalación radiactiva del país. Este año se han cumplido 40 años desde el cierre de la FUA y actualmente apenas sobreviven una decena de los 126 operarios que trabajaron allí. Muchos murieron por cáncer y otras enfermedades que entienden asociadas al uranio.
La respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Junta de Andalucía —que se ha conocido recientemente gracias a una pregunta parlamentaria de Unidas Podemos—, cierra la vía política. A ella se habían agarrado los antiguos empleados y sus familias tras desestimarse la mayor parte de las demandas judiciales.
“No me ha pillado de sorpresa; a la mayoría de los partidos ya no les interesa que este caso salga a la luz. Me gustaría pensar que no todo está perdido y que sería justo atender nuestras reclamaciones, pero no sé cómo ni por dónde empezar, cada vez son más las puertas cerradas”, explica Eva Navas, hija de un octogenario que trabajó hasta jubilarse en la FUA y que es uno de los pocos testigos que quedan de aquel trabajo sin protección.
Entre 1959 y 1981 la FUA trató mineral de uranio de Sierra Morena para extraer concentrado de óxido de uranio (U₃0₈). Estaba gestionada por la entonces Junta de Energía Nuclear, el actual Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).
Enresa llevó a cabo su desmantelamiento y la restauración de su emplazamiento en 1995. La compañía pública que gestiona los residuos radiactivos debe elaborar anualmente un informe del plan de vigilancia y mantenimiento de la antigua fábrica con información radiológica y otros aspectos sobre el correcto funcionamiento y estabilidad de la escombrera restaurada. La protección del medio ambiente y la salud de las personas en el área de influencia de la instalación se controla a través del mismo plan de vigilancia de Enresa, y con la supervisión y control del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
“Nos moriremos sin lograr nada y con mucha pena”, asegura, resignada, Manuela Barroso, de 77 años, que se crío en La Nuclear, como llaman a la FUA en Andújar. Su padre, Antonio, llegó desde Ayamonte (Huelva) para trabajar en la construcción de la fábrica y después se empleó allí como vigilante de seguridad. Y ella misma empezó a trabajar en el laboratorio de la escombrera con apenas 14 años. “Recuerdo que jugaba con mis hermanas con las piedras de colores que llegaban allí desde las minas sin saber el peligro que teníamos”, señala Manuela, afectada por una artritis reumatoide severa desde muy joven. Su padre falleció por un cáncer de próstata y afección a los pulmones.
En febrero de 2006, el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía crearon un grupo de trabajo para definir las pruebas diagnósticas, los informes de especialistas y otros datos necesarios para valorar el posible origen profesional de las patologías que venían sufriendo. Pero hasta mayo de 2008 no se llevaron a cabo las pruebas del tribunal médico para resolver los expedientes de 54 extrabajadores vivos y de 34 que ya habían fallecido.
Esas pruebas determinaron que solo en una decena de casos el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconociera la enfermedad profesional por existencia de “relación causal” de las enfermedades y limitaciones que padecían con la exposición laboral al uranio. 46 personas a las que se denegó el reconocimiento interpusieron demandas en el Juzgado de lo Social. Ninguna prosperó.
“Por todo ello, los servicios jurídicos de la Seguridad Social consideran que el caso está cerrado, por muy triste y luctuoso que sea, y no es posible reabrirlo en términos jurídicos”, se concluye en la carta remitida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Ahora bien, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá añade que “la Junta de Andalucía, a través de la voluntad expresada por su Parlamento, tiene la capacidad de atender las reivindicaciones de los extrabajadores, fallecidos y sus familiares por los padecimientos sufridos”.
“La verdad es que es difícil seguir adelante, los afectados están cansados y desencantados”, asegura Manuel Ángel Vázquez, abogado de la asociación de extrabajadores. Tras desistir de recurrir ante el Tribunal Supremo, la única estrategia judicial que aún sopesa este letrado sería la de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración de derechos. “Queremos dejar claro que se trabajó sin ninguna medida de protección, sometidos a radiaciones del uranio y sin cumplir con los planes de prevención e higiene”, indica.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso se resiste a dar por cerrado este caso. Aseguran que seguirán luchando para que se haga justicia y se les reconozca la enfermedad profesional. “Se trata de un crimen laboral sin resolver, es fundamental hacer justicia con los 15 trabajadores que aún viven y con los 111 ya fallecidos y con sus familiares, el tiempo apremia”, asegura la diputada Isa Franco.
Desde Unidas Podemos se recuerda el informe científico-técnico emitido en 2007, donde se explicaba que “hay una evidencia imperfecta pero evidencia, al fin y al cabo, entre la exposición prolongada al polvo de uranio y una determinada constelación de patologías” y que “el uranio es, sobre todo, un metal químicamente tóxico, con efectos demostrables en riñones, pulmones, sistema inmune, calidad de vida y estado de ánimo”.
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