El Parlamento portugués ha dado esta tarde luz verde a los Presupuestos del Estado para 2022 que vetó hace siete meses. Las cuentas públicas presentadas por el Gobierno socialista han cambiado en parte para afrontar la gran mudanza que viven las economías europeas tras la guerra con una inflación disparada por los precios de la energía. Las medidas previstas para hacer frente al impacto del conflicto en Portugal rondan los 1.800 millones de euros, según el Ministerio de Finanzas. Lo que también ha cambiado en este paréntesis es la composición de la Asamblea de la República. Si antes la dependencia que tenía el Gobierno del primer ministro António Costa del apoyo de socios minoritarios permitió tumbar los presupuestos por desacuerdos entre los tres partidos que habían formado la geringonça —socialistas (PS), Bloco de Esquerda (BE) y Partido Comunista Portugués (PCP)—, la tramitación actual ha sido un paseo campestre gracias a la mayoría absoluta que Costa alcanzó en enero pasado. “Hemos dado la vuelta a la página de esta crisis, ahora es el momento de volver al trabajo”, dijo el primer ministro tras la votación.
Los presupuestos, que entrarán en vigor el 1 de julio tras ser enviados al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y publicados en el Diario de la República, vuelven a responder a la lógica económica defendida por los sucesivos Gobiernos de António Costa de mantener “as contas certas” (las cuentas del equilibrio presupuestario). Esto se traducirá este año en pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios (su salario aumentará en un 0,9% y no un 4%, como reclamaron algunos grupos) y de pensionistas (crecen apenas 10 euros las más bajas). Los socialistas se han negado a revisar al alza los incrementos previstos hace siete meses cuando la inflación todavía no se había desbocado. Entre las medidas más importantes se prevén guarderías gratuitas, más escalones en el impuesto de la renta que aumentarán los ingresos de las familias beneficiadas o el régimen de dedicación exclusiva del personal médico del sistema nacional de salud.
La contención lusa ha recibido ya el beneplácito de Bruselas, que invita a utilizar los fondos excepcionales de los Planes de Recuperación y Resiliencia para impulsar el crecimiento económico y las inversiones al tiempo que se controlan las cuentas. “Dado el nivel de deuda pública portuguesa y los grandes desafíos de sostenibilidad a medio plazo, al tomar medidas presupuestarias de apoyo, es importante preservar una política presupuestaria prudente con el fin de garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo”, señaló la Comisión en su evaluación de hace una semana. El Gobierno portugués prevé un crecimiento económico para este año del 4,9% y una reducción tanto del déficit (del 2,8 al 1,9% del PIB) como de la deuda pública (del 127,4% al 120,7%).
El proyecto salió adelante solo con los 120 votos favorables del PS y las abstenciones de los ecologistas del Pessoas-Animais-Natureza (PAN) y Livre y tres diputados del Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha) de Madeira. En contra se pronunciaron el PSD, el Chega, la Iniciativa Liberal, el PCP y el BE. Los socialistas apenas ha aceptado enmiendas de otras formaciones y han descartado todas aquellas con gran impacto económico en las cuentas. De las 1.505 presentadas por todos los grupos, solo se han incorporado medio centenar defendidas por la oposición. No parece inocente, además, que el Gobierno haya primado en la selección de propuestas a su izquierda a las formuladas por PAN y Livre frente al Bloco y al PCP, que apenas han logrado colar tres enmiendas y de escaso calado.
El PAN, que se había abstenido en la votación presupuestaria del pasado otoño, logró aprobar varias iniciativas como la construcción de un hospital veterinario público para atender animales de familias de escasos recursos o el apoyo para arrancar eucaliptos. Su diputada Inês Sousa Real llevó a la Cámara portuguesa el debate abierto sobre las licencias menstruales tras la decisión española, pero el Gobierno solo concedió una medida fiscal para tasar todos los productos de higiene menstrual con un IVA reducido del 6%, algo que en parte ya ocurría. Rui Tavares, diputado del Livre, logró que se aprobase su petición para que Portugal estudie la implantación de una semana laboral de cuatro días y el fomento de medidas de ahorro energético en viviendas.
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La sorpresa en la votación llegó de la mano de los tres diputados del Partido Social Demócrata de Madeira, que rompieron la disciplina de grupo y se abstuvieron. El PSD es el principal partido de la oposición y votó en contra de un proyecto de presupuestos que considera “recauchutado” respecto al tumbado en 2021. Su líder parlamentario, Paulo Mota Pinto, criticó que no se haya adaptado “a las exigencias actuales” y acusó a la mayoría absoluta socialista de aplicar su “rodillo”. En relación con el voto libre de los parlamentarios de Madeira, Mota dijo que le corresponderá a los órganos del partido decidir sobre una posible penalización. El PSD celebra este sábado unas primarias para elegir al nuevo líder político que sustituirá al actual presidente del partido, Rui Rio, que perdió las elecciones frente a António Costa.
Como ya había anunciado, el Gobierno marginó todas las propuestas presentadas por el Chega, el partido de extrema derecha que se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria en enero. La exclusión fue aprovechada por su líder, André Ventura, para reivindicarse como “la única fuerza que se enfrenta al Partido Socialista”. En su intervención, Ventura vaticinó que el actual Ejecutivo conducirá al país “a la misma bancarrota” a la que condujo “otro Gobierno socialista”, en referencia al mandato de José Sócrates, que desembocaría en la intervención del país por las instituciones comunitarias y el Fondo Monetario Internacional.
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