Portugal también desanda el camino a pesar de ser el país de la Unión Europea con más población vacunada con la pauta completa (87%). A partir del 1 de diciembre, el país volverá a entrar en el “estado de calamidad” (el nivel más alto de respuesta que permite la ley ante situaciones de catástrofe), que aumenta las restricciones de accesibilidad a lugares cerrados para tratar de frenar el constante aumento de contagios (la incidencia acumulada asciende a 263 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días).
Los establecimientos serán compensados por el cierre forzoso, según Costa. La “semana de contención”, como la ha denominado el primer ministro de Portugal, tratará de frenar la circulación del coronavirus tras un periodo de intensa vida social y familiar como son las fiestas navideñas. El Gobierno ha optado por proteger la actividad económica en un país muy dependiente del turismo y no impedir los viajes ni las celebraciones, aunque Costa ha apelado a la responsabilidad personal y animó a los portugueses a realizarse test antes de sus reencuentros familiares. “Los portugueses saben que su propio comportamiento controla la evolución de la pandemia, además de la protección farmacológica de la vacuna. Obviamente cuando hay menos restricciones, hay mayor responsabilidad individual”, ha indicado el primer ministro.
En el Gobierno de Portugal ha pesado el recuerdo de la pesadilla vivida tras las fiestas de diciembre de 2020, cuando se desencadenó la peor ola de mortalidad que ha causado la Covid en Portugal. Gracias a la vacunación, la situación de partida no es comparable, pero el aumento de contagios, hospitalizaciones y muertes de los últimos días tampoco permiten seguir de brazos cruzados. Después de escuchar en los últimos días a los representantes de todos los partidos políticos y a los técnicos, Costa anunció esta tarde las nuevas medidas para combatir la expansión de casos.
Esta estrategia descansa sobre las mascarillas (vuelven a ser obligatorias en espacios cerrados), los certificados de vacunación (se exigirán para acceder a restaurantes, hoteles, eventos con asientos asignados y gimnasios) y los test (necesarios para entrar a las residencias de mayores, los hospitales y los grandes acontecimientos deportivos o culturales sin butacas asignadas).
Las pruebas también serán un requisito para quienes viajen a Portugal en avión.
En este punto, Costa fue muy crítico con las compañías aéreas, a las que acusó de no verificar si los pasajeros entran en el país con certificado de vacunación o test. “Es una obligación de las compañías que solo permitan el embarque de personas con pruebas y hemos visto que no lo han cumplido y por eso vamos a introducir sanciones de hasta 20.000 euros por cada viajero desembarcado sin test”, ha explicado Costa.
En casos graves la penalización para alguna compañía podría llegar a la retirada de la licencia de vuelo. “Es un acto de profunda irresponsabilidad transportar personas que no se han hecho la prueba. Queremos mantener las fronteras abiertas y las actividades de la aviación civil, pero es su obligación velar por la seguridad de quien viaja”, ha recriminado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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