La presidenta Claudia Sheinbaum ha firmado un decreto que promete transformar las condiciones de jubilación para los trabajadores del ISSSTE, reduciendo la edad de retiro para aquellos bajo el décimo transitorio a partir de 2028. Este significativo cambio, según el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, conllevará un “costo fiscal muy importante”.
La medida responde a la necesidad de revertir un incremento progresivo que había fijado la edad mínima de jubilación en 58 años para mujeres y 60 años para hombres para el 2028. Con el nuevo decreto, se establece que, para el 2034, esa edad mínima de retiro se fijará en 53 años para mujeres y 55 años para hombres. La decisión se mantiene dentro de los requisitos de años mínimos de servicio: 28 años para mujeres y 30 años para hombres.
El secretario Delgado subrayó que el costo de esta decisión podría superar los 36,000 millones de pesos durante el presente sexenio, lo que plantea serias implicaciones para las finanzas públicas. Pese a esto, la presidenta Sheinbaum enfatiza que el decreto, junto a otro destinado a facilitar la movilidad laboral de los maestros, representa un compromiso con los trabajadores de la educación.
Este anuncio también surge tras 24 días de movilizaciones por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México. Sheinbaum explicó que su administración busca consolidar los acuerdos con los docentes, llevando estos cambios al Diario Oficial de la Federación próximamente.
El décimo transitorio, establecido tras la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007, permitió a aquellos empleados que ya estaban en el sistema permanecer en el esquema anterior, pero con el compromiso del incremento gradual en la edad de jubilación. Este decreto llega justo en un momento crítico, dado que expertos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) han advertido sobre el impacto financiero que tal medida puede provocar, cuestionando su sostenibilidad ante la creciente esperanza de vida en la población.
En un contexto donde se preveía un aumento sostenido de la edad de jubilación, este cambio de rumbo podría tener repercusiones profundas en el sistema pensionario. Especialistas enfatizan que, con la esperanza de vida actual superando los 76 años, la reducción de la edad mínima de jubilación implica un compromiso de pensiones que podría resultar “impagable” para el Estado.
En este entorno de ajustes y movilizaciones, los retos que enfrenta la administración actual se vuelven evidentes, mientras especialistas y ciudadanos observan de cerca cómo se desarrollará esta nueva política en medio de un sistema de pensiones en transformación.
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