El gobierno de México ha decidido implementar “acciones legales contundentes” tras la alarmante cifra de 17 mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos. Esta medida fue anunciada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien subrayó que se presentarán denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EE. UU.
De los 17 mexicanos que han perdido la vida, 14 estaban bajo custodia en centros de detención de ICE y tres más fallecieron durante operativos de la agencia. Entre estos últimos se encuentra Lorenzo Salgado Araujo, abatido por un agente de ICE en Houston, Texas, durante un intento de arresto.
La nueva estrategia del gobierno va más allá de las denuncias penales e incluye acciones civiles contra las empresas que operan estos centros de detención. Esto se manifestará mediante cartas de cese y desistimiento, así como solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando medidas cautelares para proteger a los mexicanos detenidos. Además, se hará un llamado a Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, para asegurar la protección de los connacionales.
Este contexto se enmarca en un periodo que ha sido etiquetado como el más letal para los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Según estadísticas, en los últimos nueve años fiscales, las muertes de mexicanos en custodia de ICE ascienden a 27, de las cuales más del 50% han ocurrido en los últimos dos años, coincidiendo con la segunda presidencia de Donald Trump.
Antes de su regreso a la presidencia, las muertes reportadas entre 2018 y 2023 sumaron 12 casos. Sin embargo, tras su regreso en 2025, la cifra de decesos ha aumentado significativamente, con al menos 15 mexicanos fallecidos bajo circunstancias poco claras en este breve periodo. Un caso notable es el de Alejandro Cabrera Clemente, detenido el 8 de enero de 2026 y quien falleció el 11 de abril en un centro de corrección en Luisiana. Según informes del ICE, Cabrera presentaba antecedentes de hipertensión y había sido evaluado por diferentes síntomas antes de su muerte.
Los casos de suicidio también generan gran preocupación. Royer Pérez Jiménez, un mexicano de 19 años, supuestamente se suicidó en un centro de detención en Florida, y similarmente, Heber Sánchez Domínguez fue encontrado muerto en su celda bajo circunstancias similares.
Los reportes indican que muchas muertes están ligadas a complicaciones de enfermedades crónicas, así como a una falta de atención médica adecuada y condiciones de detención deficientes. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, ha señalado que el incremento en las muertes de migrantes es el resultado de una política migratoria agresiva, donde el mal manejo y los abusos dentro de los centros son preocupantes.
Frente a esta situación, las notas diplomáticas pueden no resultar suficientes para provocar un cambio en la política estadounidense. Por ello, se sugiere impulsar litigios estratégicos en cortes federales, como una vía para frenar las políticas migratorias que afectan a tantos y que violan los derechos humanos.
La situación es crítica y demanda una atención inmediata, no solo para buscar justicia por los que han perdido la vida, sino para mejorar las condiciones de aquellos que aún están bajo la custodia de ICE. La presentación de acciones legales es un primer paso en un largo camino que requiere compromiso y esfuerzos coordinados para proteger a los migrantes en Estados Unidos.
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