Las bancadas del PAN, PRI y MC, integrantes del Bloque de Contención en el Senado de la República, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra llamado Plan B.
En el decreto reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo de 2023.
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Los legisladores recordaron que la aprobación de este segundo paquete de modificaciones de la reforma electoral, se dio en medio de un proceso desaseado y serias violaciones a la normatividad legislativa y, por lo tanto, debe considerarse inválido.
El Bloque de Contención argumentó que las reformas publicadas vulneran los principios democráticos establecidos en la Constitución, debilitan las instituciones electorales, y afecta los derechos humanos y la representación ciudadana.
Dichas modificaciones busca quebrantar la independencia y autonomía del INE y los OPLEs, reconocidas en el texto constitucional y mermar su capacidad operativa; afecta el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas al omitir el proceso de consulta, contradice los principios de progresividad en materia de derechos humanos y constituye una regresión en materia del derecho ciudadano a la participación política.
También, violenta los derechos laborales de las y los servidores públicos que trabajan en los organismos electorales; contraviene el federalismo al invadir competencias de las Legislaturas locales en materia electoral; genera condiciones de inequidad en las contiendas al modificar los conceptos de actos anticipados de campaña y propaganda gubernamental.
Esta acción de inconstitucionalidad se suma a las varias impugnaciones presentadas por el INE, los partidos políticos y diversas instituciones. En ese sentido, las y los senadores reconocieron la decisión del ministro Javier Laynez Potisek de suspender la aplicación del paquete de reformas.
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