La controversia en el DuSable Black History Museum y Education Center de Chicago ha cobrado protagonismo tras el lanzamiento de una demanda de denunciante por Kim Dulaney, exvicepresidenta de educación y programas. Dulaney empleó el sistema judicial del condado de Cook al presentar un alegato que pone en tela de juicio la gestión de Perri Irmer, la actual presidenta y directora ejecutiva del museo.
En diciembre de 2025, después de expresar reiteradamente sus preocupaciones sobre la administración de Irmer, Dulaney fue despedida el 3 de octubre de ese año, una acción que la presidenta describió como parte de una reestructuración institucional. La demanda sugiere que su despido se debió a represalias por su informe de irregularidades a recursos humanos, a la junta directiva y a diversas agencias gubernamentales.
Uno de los puntos centrales del litigio se enfoca en una subvención de $5,000 otorgada por la Universidad de Chicago a su departamento. Dulaney afirma que apenas entre $600 y $700 se destinaron a actividades educativas con motivo del Día de la Libertad de los Esclavos, dejando un notable desbalance en el uso de fondos que no pudo ser justificado.
Adicionalmente, la demanda incluye serias acusaciones sobre la venta de alcohol sin licencia en las instalaciones del museo. Además de buscar su reintegración, Dulaney reclama salarios atrasados y daños compensatorios y punitivos bajo la Ley de Protección de Denunciantes de Illinois.
La respuesta de Irmer a esta demanda es contundente: su equipo legal argumenta que Dulaney no cumplió con los requisitos necesarios para respaldar su denuncia, dado que nunca se rehusó a participar en las supuestas conductas ilegales. De hecho, la defensa sostiene que la denuncia carece de detalles que la sustenten, al señalar la falta de específicas fechas u ocurrencias que permitan un análisis adecuado de las afirmaciones planteadas.
Paralelamente, el museo, representado por un equipo legal independiente, ha emitido su propia respuesta a las acusaciones, negando las afirmaciones de Dulaney y, a veces, indicando que no se cuenta con suficiente información para confirmar o refutar las reclamaciones.
En un giro adicional, un informe interno, llevado a cabo por la abogada Patricia Holmes en febrero, proporciona un trasfondo crucial al caso. Sin embargo, los hallazgos de esta investigación no han sido difundidos en la reciente respuesta de Irmer ni en la del museo.
Con la mirada atenta de la comunidad y el sector cultural, este caso no solo cuestiona la conducta de la dirección del museo, sino que también subraya la importancia de la transparencia en las organizaciones sin fines de lucro. A medida que se desenvuelven los acontecimientos, el futuro del DuSable Museum y la credibilidad de su liderazgo están en juego.
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