Es momento de que Colombia de el paso a la regulación de la marihuana para usos recreativos, ya no para estar en la vanguardia de las reformas, sino para no quedarnos estancados en la retaguardia del fracaso de la guerra contra las drogas. Para el presidente Gustavo Petro esta es la oportunidad de comenzar a materializar su discurso y unirse al grupo creciente de países que progresivamente va dejado atrás la prohibición.
En los Estados Unidos, Columna Digital que ha marcado el paso de la agenda antinarcóticos en Colombia, el presidente Joseph Biden anunció la semana pasada los primeros pasos para la despenalización de esta sustancia. Al mismo tiempo que dio el perdón a los condenados por posesión de marihuana, anunció que su gobierno buscará la reclasificación de esta sustancia, sacándola de la lista de las más peligrosas.
En Colombia el uso de marihuana no está penalizado, se pueden cultivar hasta 20 plantas de cannabis y portar para uso personal una cantidad no determinada de esta sustancia. Sin embargo, la oferta continúa siendo ilegal, proveyendo una fuente de ingresos para redes criminales y poderosas organizaciones armadas.
A diferencia de lo que sucede con los cultivos de coca, no contamos con un sistema de monitoreo, por lo que es difícil estimar sus dimensiones. Pero distintas fuentes coinciden en señalar que las plantaciones no solo se han expandido, sino que se han calificado y diversificado con un mayor contenido de THC, teniendo como principal destino el mercado doméstico. Son cientos las familias cultivadoras de cannabis que se encuentran expuestas al control de facciones criminales y disidencias. Así sucede por ejemplo en el norte del Cauca.
La distribución también está en manos de la ilegalidad, manejada por facciones locales que deciden sobre los precios y la calidad. De esta manera lo han mostrado las investigaciones de la Fundación Ideas para la Paz y el reciente estudio sobre Medellín realizado por la Universidad de Chicago y EAFIT. En Colombia el mercado de la marihuana no es marginal, por el contrario, es una renta importante para bandas y combos, ligado al control territorial y también a las disputas.
La combinación despenalización del porte y el uso con la prohibición de la producción y la comercialización ha dado lugar a una zona gris, que genera incertidumbre tanto para los usuarios como para la policía, que no sabe bien cómo lidiar con este tema en las calles. En todo caso, la persecución de la marihuana hace parte de la cotidianidad de las fuerzas policiales: concentra una parte significativa de su tiempo con requisas y capturas que tienen poco impacto, alimenta la corrupción y genera una tensión constante con jóvenes que se encuentran en el espacio público.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, durante el periodo de 2010 a 2016 el 94% de las capturas por delitos de drogas se dieron en situación de flagrancia, y los capturados portaban o llevaban consigo poco más de la dosis mínima. La evidencia disponible muestra que estas acciones tienen poco impacto en la oferta de drogas, mientras que constituyen una carga para el sistema de justicia, que podría enfocar sus capacidades en asuntos que tienen mayor impacto.
Esto no ha sucedido en el vacío. Encuestas realizadas en las ciudades en Colombia han mostrado que el uso de drogas en espacios públicos impacta la percepción de seguridad y que parte de la sociedad continúa apoyando la prohibición. Una preocupación repetida es el riesgo al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes. La pregunta es si el modelo actual en realidad responde a esos temores o si es más adecuado avanzar en la regulación, fortaleciendo la prevención en el nivel local, con mayores recursos y capacidades.
Dado los costos de la prohibición y sus externalidades negativas, tal como señaló en su alocución el presidente Biden “es hora de corregir los errores”. La regulación del cannabis no será la bala de plata para solucionar el problema de inseguridad o de violencia. Probablemente tampoco vaya a generar una bonanza que impulse el desarrollo rural o hacer que el consumo disminuya – no al menos en el mediano plazo. Lo que sí sucederá es que el Estado podrá corregir el error de dejar la regulación de este mercado en manos de las organizaciones criminales.
La regulación, como casi todas las políticas, no está exenta de riesgos. El diablo está en los detalles. Por eso es tan importante la discusión que se viene dando en el Congreso alrededor del cannabis y la manera cómo debe responder el Estado. Justo esta semana en la Cámara de Representantes tendrá lugar el debate para la modificación del artículo 49 de la Constitución para que el cannabis sea tratado como el tabaco y el alcohol. Además, en el parlamento son varios los proyectos de ley que buscan darle forma a la regulación.
Hay preguntas que aún se encuentran abiertas ¿cómo generar un mercado legal justo e incluyente del cual hagan parte las poblaciones que dependen de los cultivos ilícitos? ¿qué manejo deberíamos darles a los impuestos para crear condiciones que permitan competir con el mercado ilegal? ¿Cómo asegurarnos que haya una estrategia de prevención?
Debates similares se dieron en Uruguay, Canadá y los 19 estados de EE UU que regularon la marihuana pasa usos recreativos. En países como Alemania, Suiza, Países Bajos y República Checa la deliberación está abierta. Colombia tendrá que encontrar su propio camino, aprendiendo de otras experiencias, evitando repetir los errores cometidos con la regulación para fines medicinales y dando vida un modelo que esté acorde con sus capacidades y necesidades.
La regulación de la marihuana es un camino factible para que el presidente Petro de pase del discurso a las acciones concretas. En lo inmediato esto significa movilizar a la bancada del Pacto Histórico y ganar aliados en el congreso para asegurar que las reformas sean aprobadas. El Gobierno también puede ayudar a definir una ruta para que las distintos proyectos e iniciativas legislativas confluyan en un gran acuerdo que comience a poner fin a la costosa e ineficiente guerra contra las drogas. Hay que meter el acelerador porque cuatro años se pasan en un soplido.
Juan Carlos Garzón es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y experto en políticas de seguridad y drogas
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