Toneladas de petróleo del Prestige manchando de negro la costa gallega, lodos tóxicos de la mina de Aznalcóllar a las puertas del Parque Nacional de Doñana. Un incendio en Valencia que arrasó casi 30.000 hectáreas causado por una negligencia. Esas imágenes grabadas en la retina han supuesto daños ambientales cuya reparación han costado miles de millones al Estado. Sobre el papel, la Unión Europea aplica el principio de “quien contamina paga”.
‘Prestige’: 1.573 millones
Aunque la Fiscalía llegó a decir en 2013 que las pérdidas por la catástrofe alcanzarían los 4.328 millones “a medio plazo”, el Tribunal Supremo reconoció, en diciembre de 2018, que España tenía derecho a una indemnización de 1.573 millones por el vertido. Sin embargo, gran parte de esa cantidad no se va a recuperar. Por ahora, los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos, una organización intergubernamental que ayuda a sufragar la reparación del impacto de este tipo de siniestros, han pagado 142,1 millones al Estado, informa un portavoz del organismo. Mientras, la aseguradora del buque, London P&I Club, depositó en su momento 22,7 millones ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
