Aunque ha llegado con un retraso de algunas horas, finalmente se ha presentado el paquete económico que ha suscitado tanto debate entre los distintos actores políticos. No se trata ni del mejor presupuesto de la historia, como arguye el gobierno, ni de un plan que nos conducirá a la ruina, como sostiene la oposición. Más bien, este presupuesto es un reflejo de la inercia que caracteriza al Estado mexicano, señalando nuevamente sus debilidades estructurales.
El presupuesto establece un déficit, medido de manera amplia como los RFSP, del 4.1% del PIB, comparado con la revisión del déficit del presente año, que se sitúa en 4.3%. Aunque los niveles de despacho son elevados, la tendencia parece ir en la dirección adecuada. Cabe recordar que la administración anterior dejó un déficit considerable de 5.7% del PIB, lo cual excede lo sostenible en un país que enfrenta un estancamiento crónico.
En términos de ingresos, el gobierno proyecta una recaudación total de 22.5%, lo que representa un ligero incremento frente a la estimación de este año, que se situaba en 21.9%. Sin embargo, este último dato quedó por debajo de lo aprobado por el Congreso. La expectativa es que los ingresos tributarios crezcan hasta alcanzar el 15.1% del PIB a través de la implementación de nuevos impuestos especiales y aumentos tarifarios. Sin embargo, la dependencia del Estado mexicano de los ingresos petroleros, que han disminuido significativamente, resalta una debilidad crónica en la recaudación, que se ha mencionado reiteradamente en debates sobre reforma fiscal.
La baja capacidad de recaudación se traduce en restricciones del lado del gasto. A pesar de que el presupuesto total supera los 10 billones de pesos, apenas hay margen para maniobrar. Los egresos “rígidos” —que incluyen transferencias a los estados, programas sociales y pensiones— representan alrededor del 67% del gasto total proyectado para 2026. Esto limita el 33% restante, que debe ser destinado a servicios esenciales como salud, educación y seguridad, enfrentando así serios retos para implementar cambios significativos en políticas públicas.
En este contexto, llama la atención el aumento en la inversión pública, que asciende a 526,000 millones de pesos para programas y proyectos priorizados. De estos, se destinarán 104,000 millones a proyectos de trenes que parecen más sensatos que otros en el pasado. Además, Pemex y la CFE recibirán una inversión significativa superior a los 300,000 millones de pesos, aunque se requiere infraestructura adicional, especialmente para la generación y transmisión de energía. Pemex también obtendrá una inyección de 263,000 millones de pesos para enfrentar pagos de deuda que se avecinan el próximo año.
En suma, este presupuesto es conservador e inercial, reflejando las debilidades estructurales que han afectado al Estado mexicano desde el año 2000. Enfrentamos un gobierno que no solo recauda poco, sino que carece de las herramientas políticas para justificar aumentos necesarios, lo que limita su capacidad para definir prioridades de gasto vitales para el desarrollo del país.
Es fundamental que se mantenga el análisis del contexto económico y político actual, ya que esta información fue publicada originalmente el 11 de septiembre de 2025 y sigue siendo relevante en el marco de desafíos que enfrenta el país.
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