Hoy se cierra el plazo para que el gobierno de México inicie un juicio civil en el que busca recuperar 600 millones de dólares, supuestamente desviados a través de empresas vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Este alto funcionario fue sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa durante el mandato del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
La jueza Lisa Walsh, del tribunal de Miami, ha enfatizado que no concederá más prórrogas al gobierno mexicano. Si el juicio no comienza hoy o las partes no alcanzan un acuerdo, la demanda presentada en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será desechada. Esto resulta crítico, ya que el caso fue postergado anteriormente, con una duración esperada mínima de tres semanas, a petición de los involucrados.
El acuerdo propuesto podría incluir la cancelación de procesos penales y administrativos en México, lo que añade una capa de complejidad a un caso que ya de por sí es intrigante. Entre los principales involucrados están Mauricio Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, detenido en Madrid en diciembre de 2023, ambos acusados de lavar dinero relacionado con García Luna. Durante una mediación llevada a cabo el 15 de noviembre, se mencionó que había un acuerdo preliminar para resolver todos los asuntos en cuestión.
Walsh, adscrita a la Corte del Onceavo Circuito Judicial en Miami-Dade, ha alertado sobre los desafíos que la lentitud del litigio podría acarrear, especialmente con las nuevas normativas de la Corte Suprema de Florida que complican la posibilidad de aplazar juicios indefinidamente. Según la demanda, García Luna comenzó a recibir sobornos de los Weinberg en 2006, y posteriormente se convirtió en socio de estas empresas.
El litigio en cuestión involucra 28 propiedades en Florida, adquiridas por entidades de responsabilidad limitada asociadas a los Weinberg. Se reporta que al menos 18 de estas propiedades ya han sido vendidas, generando más de 28 millones de dólares, 12 transacciones ocurrieron antes de que comenzara el proceso judicial y seis después.
A medida que el reloj avanza, todos los ojos están puestos en la decisión que tomará la jueza Walsh y en el desenlace de este caso de gran trascendencia para la justicia mexicana y la gestión de recursos públicos. La información presentada es del 28 de abril de 2025.
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