Confieso que, en medio de la expectativa por el Mundial de fútbol, es difícil ignorar un tema que trasciende el deporte: más de 1.4 millones de estudiantes están sin clases en México debido al paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Con 17,471 escuelas afectadas y cerca de 89,000 docentes involucrados, la situación en Oaxaca y Chiapas es alarmante, con más de 734,000 y 273,000 estudiantes, respectivamente, sin actividades académicas. Este problema debería ser el centro de la conversación nacional, pero rara vez se discute con la urgencia que merece.
La huelga de la CNTE no es solo un episodio aislado; es el resultado de un conflicto que ha ido creciendo a lo largo de años. La organización ha dejado claro desde el inicio quiénes son y cuáles son sus métodos y objetivos. Desde su oposición firme a las reformas educativas, han tejido una relación política con sectores del magisterio disidente, ofreciendo a Morena una capacidad de movilización y una narrativa de resistencia que el partido ha utilizado en su ascenso al poder.
Durante años, se configuró un acuerdo informal entre Morena y la CNTE, donde el partido ofrecía respaldo político a cambio de movilización. Sin embargo, este pacto no se centraba en la educación, sino en la política misma. Ahora, la CNTE demanda el cumplimiento de promesas que han estado en el aire: un aumento salarial del 100%, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la restauración de un sistema solidario de pensiones. Estas no son exigencias improvisadas; son la culminación lógica de un diálogo que ha estado en la mesa durante demasiado tiempo.
Morena enfrenta una factura política considerable, pues atender estas demandas podría significar un gasto de cerca de 7 billones de pesos, aproximadamente un 20% del PIB y un 68% del presupuesto federal proyectado para 2026. Este dilema plantea un contraste evidente con la situación de los gobiernos anteriores, que podían tratar el conflicto desde la adversidad. Con Morena, la tensión nace de una relación que se construyó sobre promesas de rectificación y atención a las demandas históricas del magisterio.
La CNTE no solo actúa como un actor de presión; está reclamando coherencia a un gobierno que prometió corregir agravios. Mientras las horas pasan y los estudiantes se quedan fuera de las aulas, el costo político de no actuar incrementa. Este daño educativo, lejos de debilitar a la CNTE, fortalece su posición, convirtiendo a los estudiantes en una herramienta de poder político, aunque ellos no fueron parte del acuerdo que ahora afecta sus vidas.
La situación se complica aún más a medida que se acerca el Mundial. En un país que celebra el fútbol, más de 1.4 millones de alumnos siguen afuera de las aulas no por decisión propia, sino por la falta de consenso entre el gobierno y el magisterio. Esta realidad plantea una pregunta crucial: ¿por qué se utiliza la educación como moneda de cambio en la arena política?
Los alumnos son, al final del día, los más afectados en este conflicto. Y esa es una razón contundente para que la sociedad y sus líderes reconsideren y dejen de hacer de la educación un instrumento político. La educación es un derecho fundamental y no debería ser sacrificada en el altar de las disputas entre poderes.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
