El Gobierno mantiene su hoja de ruta económica. El Consejo de Ministros ha dejado este martes intactas sus previsiones de crecimiento para la economía española para este año y el próximo. Calcula que el PIB crecerá un 6,5% este año y un 7% el próximo, en línea con las proyecciones plasmadas en los anteriores presupuestos. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha constatado la fortaleza de la recuperación económica tras el final del estado de alarma y el levantamiento de las principales medidas de restricción a la movilidad pese a la quinta ola y la propagación de la variante delta.
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Calviño también ha avanzado que estudiará tras el verano si sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en función de la evolución del empleo. “En septiembre veremos si es posible retomar un alza del SMI y acordar un alza para los meses finales del año que permita alcanzar el 60% del salario medio a finales de la legislatura”, indicó. La vicepresidenta valoró los buenos datos laborales de los últimos meses, especialmente los datos extraordinarios de junio cuando se produjo una caída récord del paro y un aumento de la afiliación de casi 235.000 trabajadores, una de las más altas de la serie estadística. “En verano podemos recuperar los niveles de empleo similares a los de antes de la pandemia”, ha apuntado.
De esta forma, la vicepresidenta primera ha dejado la puerta abierta a subir el SMI en el último trimestre. Hasta ahora la titular de Economía era reacia a subir el salario mínimo este año como reclamaba su compañera de gabinete Yolanda Díaz. Calviño prefería esperar a tener datos que mostraran que la recuperación estaba afianzada. Mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo insiste en revalorizarlo cuanto antes. Ambas ministras llevan desde principios de este año enfrascadas en este pulso.
Pero ayer Calviño se mostró favorable a una mejora del SMI en los últimos meses del año si se confirma la recuperación del mercado laboral. Existen dudas de que después de verano muchos de los trabajadores que aún están en ERTE sean finalmente despedidos. Y de que tras la eclosión de la actividad en verano por la campaña turística muchas empresas empiecen a prescindir de trabajadores. Por eso la vicepresidenta ha hecho hincapié en que la decisión dependerá de la evolución de los datos laborales.
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El Consejo de Ministros tenía un marcado contenido económico. El Gobierno debía aprobar antes de agosto los indicadores sobre los que construye los Presupuestos para 2022. Los trámites de las cuentas públicas están muy tasados. Así que, junto con las previsiones económicas, el Ejecutivo también ha validado el techo de gasto de 2022, la cuantía de desembolsos máximos permitidos para en los Presupuestos. El nuevo límite de gasto no financiero. Como se denomina en el argot al techo de gasto, asciende a 196.142 millones de euros, similar a la del año pasado. Entonces se amplió un 53% para poder afrontar los gastos extraordinarios con los que financiar las medidas para paliar las secuelas de la pandemia. En este capítulo entran los ERTE, las ayudas a pymes y autónomos y las transferencias extraordinarias a comunidades autónomas y ayuntamientos para que pudieran reforzar sus sistemas sanitarios y educativos.
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El Gobierno espera que la pandemia se vaya replegando poco a poco en 2022. Y pueda rebajar el gasto destinado a atender las necesidades sanitarias y económicas de la covid. Pero eleva el techo de gasto a niveles récord al incluir 26.355 millones de los fondos europeos. Bruselas exigirá reformas a cambio de esas ayudas. Montero explicó además que incorpora una transferencia para las comunidades autónomas de 18.396 millones, un 32,1% superior a la del año pasado. Los Gobiernos regionales dispondrán de más dinero que nunca en 2022, en plena negociación por el nuevo sistema de financiación.
Por último, el Consejo de Ministros también aprobó la senda de déficit público para el próximo año. Los números rojos de las cuentas públicas se dispararon el año pasado con la pandemia hasta el 11% del PIB. El equivalente a unos 125.000 millones de euros. Montero explicó que esperar reducirlo este año hasta el 8,4%. Y el próximo al 5%. De lograrlo sería el mayor ejercicio de consolidación fiscal de la democracia. Aunque el ajuste tiene truco. Se debe más al crecimiento del denominador (el PIB), que a subidas de impuestos o recortes de gasto.
Suspensión de las reglas fiscales del déficit y la deuda
Al igual que en 2020 y 2021, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 y vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales “más prudentes” que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
La negociación presupuestaria
Una vez aprobados todos los datos que deben de servir como cimientos para construir los Presupuestos de 2022, el Gobierno arrancará en septiembre la negociación política para aprobarlos. Las cuentas para 2022 irán en línea con las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea, en cuanto a apoyo a la recuperación, evitando “una retirada prematura” de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea. Los socios del Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos ya han iniciado las negociaciones para la elaboración de las cuentas públicas, según informa Europa Press.
Yolanda Díaz ya confirmó que sería el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, el encargado de la negociación con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al igual que ocurrió el año pasado.
La titular de Trabajo adelantó como ejes prioritarios la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.
Sobre la reforma fiscal, uno de los ejes prioritarios para Unidas Podemos, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, así como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía, recordando que se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberán tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.
Unas cuentas marcadas por los fondos europeos
Los Presupuestos de 2022 estarán marcados por la aplicación de los fondos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el instrumento para canalizar los fondos europeos aprobados en julio de 2020, dentro del conjunto de instrumentos comunitarios englobados en Next Generation, el plan dotado con 750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000 millones.
El Ejecutivo español está terminando el proceso junto con la Comisión Europea para que se produzca el primer desembolso de prefinanciación de 9.000 millones, que se prevé en el curso del verano. En la segunda parte del año llegará el pago semestral de 10.000 millones de euros. Correspondiente al cumplimiento de determinados hitos y objetivos, por lo que el monto de recursos para este año ascenderá a un total de 19.000 millones.
Para 2022, los PGE incorporarán, no solo las transferencias correspondientes a los fondos, sino también se empezarán a solicitar los créditos necesarios para realizar el conjunto de actuaciones que forman parte de este Plan de Recuperación y Transformación, que ya ha recibido la aprobación de la Comisión Europea, y que se incluyen en dicho ejercicio.
Según el Gobierno, las cuentas de 2022 apoyarán la estrategia del Ejecutivo, marcada, a corto plazo, por seguir apoyando la recuperación para salir de la crisis motivada por la covid-19, y en el medio y largo plazo, por impulsar el proceso de transformación y modernización de la economía española que lleve a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico, social, territorial y medioambiental.