Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de muy bajo recurso, por lo que aseguró que por regla general, con esta medida, se castiga la pobreza.
“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
Los dichos del ministro ocurren un día después de que el Máximo Tribunal del país declarara como inválida la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, al considerar que esta atenta contra los derechos humanos de los implicados.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia de prensa matutina que esta decisión protege la corrupción y provoca que no se castigue a todos por igual, por lo que se manifestó en contra de esta decisión.
“No estoy de acuerdo, desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarradera, influencias o no tienen con que comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”, dijo.
Por ello, Zaldívar respaldó su voto a favor de la inconstitucionalidad de esta medida, en la que consideró que el decreto, firmado por el presidente y la entonces secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, era violatorio de los derechos humanos ya que “es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia”.
En otro mensaje transmitido a través de su cuenta de TikTok, el ministro reiteró que “en México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad”.
Por ello explicó que la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Interamericana de Derecho Humanos.
“Esto no implica que, sin prisión preventiva oficiosa, delincuentes peligrosos o que han defraudado al país estén en libertad, lo único que significa es que en estos casos la juez o el juez tendrá que dictar una resolución que justifique, que fundamente, por qué una persona debe estar detenida mientras se resuelve sobre su responsabilidad”, señaló.
Es de destacar que lo que se anuló la Corte el día de ayer fue la prisión preventiva automática, por lo que la prisión preventiva para estos casos sigue existiendo, siempre y cuando las autoridades así lo justifiquen ante un juez.
Con información de Rafael Ramírez, Javier Divany y Saúl Hernández
