La cantante Leire Martínez vivió un momento inesperado durante su actuación en el Festival de les Arts, celebrado en Valencia. Este incidente tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando el descontento del público por problemas de acústica se hizo palpable. Los asistentes, que apenas podían disfrutar de su música, demandaron un aumento en el volumen. Esta situación fue el resultado de un litigio entre el Ayuntamiento de Valencia y los vecinos de la zona, cuyo impacto se tradujo en una limitación del volumen permitido a 85 decibelios durante el día y 80 decibelios por la noche.
Consciente de las dificultades, Martínez ofreció disculpas a la audiencia, señalando que los artistas son los que más sufren ante estas restricciones. Posteriormente, se retiró del escenario junto a su banda por un breve periodo, antes de continuar su actuación en un segundo escenario del recinto. La audiencia había ya expresado su frustración en conciertos anteriores, como los de Karavana y Éxtasis, donde la queja por el volumen bajo se hizo evidente.
El contexto de estas limitaciones se remonta a marzo de 2026, cuando un juez falló a favor de 46 vecinos de dos edificios cercanos, ordenando al Ayuntamiento de Valencia que indemnizara a cada uno de ellos con 3,000 euros por las molestias causadas por eventos sonoros en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA). En consecuencia, varias productoras optaron por trasladar sus eventos a otras localizaciones. Por ejemplo, el festival Love The 90’s se mudó al Estadio Ciutat de València, y el ciclo FAR València se reubicó a La Marina. A pesar de esto, el Festival de les Arts decidió mantener sus actividades en el recinto.
Un informe judicial señaló que los vecinos habían acumulado un tiempo considerable sufriendo estas molestias, aunque no se presentaron pruebas médicas que corroboraran daños psicológicos. En sus denuncias, los demandantes aportaron informes que evidenciaban ruidos provenientes de varias actividades, incluyendo conciertos de artistas reconocidos.
El Ayuntamiento, por su parte, argumentó que no podía satisfacer la solicitud de los vecinos, amparándose en una declaración de interés general realizada por la Generalitat en 2006. Esta situación excluye a la CACSA de la obligación de obtención de licencia para sus actividades. Sin embargo, la corte estableció que el Ayuntamiento no había demostrado haber tomado medidas efectivas para proteger los derechos de los demandantes, lo que vulnera la Ley de Bases de Régimen Local.
En resumen, el conflicto entre el Ayuntamiento, los organizadores de eventos y los vecinos continúa, causando no solo malestar entre los residentes, sino también afectando la experiencia de quienes asisten a eventos importantes en Valencia. La situación invita a reflexionar sobre el equilibrio necesario entre el disfrute cultural y el derecho a la tranquilidad en las comunidades urbanas.
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