Por la muerte de 40 migrantes en un incendio en el interior de una estación migratoria al norte de México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que procederá penalmente en contra del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, entre otros funcionarios.
Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio (López Díaz, director general de Control y Verificación), quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”, señaló la FGR en un comunicado.
La Fiscalía mexicana explicó que su actuar se produjo tras determinar “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Esto, después de indicar que la función del INM es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional.
La FGR recordó que el 31 de mazo pasado, solo cuatro días después del incendio en la estación migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, también se produjo otro incidente en un centro migratorio en Tenosique, Tabasco, al sur del país, que dejó una persona muerta y 14 lesionados.
Asimismo, expuso que dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años señalan, “con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
Es por ello, que la Fiscalía mexicana también indicó que se precederá penalmente en contra de los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que, dijo, “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”.
Por su parte, indicó que la empresa privada encargada de la seguridad en los centros del INM se dieron con base en contratos públicos asignados de forma directa, “omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servidos”.
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