A mediados de mes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos tomó una decisión significativa al retirar su participación en un acuerdo de 2019 que había suspendido la investigación antidumping sobre los tomates frescos mexicanos. Como resultado, se impondrá una “cuota compensatoria” del 17.09% a la mayoría de las importaciones de tomate desde México. Esta medida ha sido justificada por el organismo, argumentando que busca corregir lo que consideran ventas a precios injustos.
Howard Lutnick, el Secretario de Comercio estadounidense, manifestó su preocupación por las “prácticas comerciales desleales” que afectan a los agricultores locales, declarando que esta situación “termina hoy”. Sin embargo, este giro en la política arancelaria genera serias inquietudes en la industria de frutas y verduras frescas en Norteamérica, con organizaciones de Estados Unidos, México y Canadá expresando su alarma sobre las repercusiones que estos nuevos aranceles podrían tener en la accesibilidad y disponibilidad de productos frescos en el mercado continental.
El comercio en esta región ha alcanzado niveles de integración notables. En 2024, Canadá importó 5.5 mil millones de dólares en productos frescos desde Estados Unidos y otros 3 mil millones desde México. Mientras tanto, las exportaciones canadienses hacia el mercado estadounidense alcanzaron los 4.5 mil millones de dólares, concentrando más del 97% de sus exportaciones en este sector. Estados Unidos, por su parte, importó más de 19.6 mil millones de dólares en productos frescos desde México, reflejando la profunda interconexión económica entre estos tres países.
El comunicado emitido sobre este tema señala que, aunque se comprende y apoya el derecho de los países a enfrentar prácticas comerciales desleales, la aplicación de aranceles sobre productos perecederos “tiene consecuencias inmediatas y, a menudo, graves para productores, vendedores y consumidores por igual”.
El aumento de impuestos sobre los tomates culmina en precios más altos en los supermercados, lo que dificulta que los consumidores accedan a una alimentación saludable, además de reducir la variedad de productos disponibles. Esta situación también incrementa los costos operativos en toda la cadena de suministro, afectando los márgenes de ganancia que suelen ser ajustados, entre 4% y 10%.
Más allá de las repercusiones económicas, estos aranceles también hacen que los productos sean menos competitivos en mercados internacionales, poniendo en riesgo las ventas y la participación de mercado. La naturaleza perecedera de frutas y verduras, junto con cadenas de suministro que dependen de la puntualidad, aumenta la vulnerabilidad al desperdicio y las pérdidas económicas.
La incertidumbre generada por estas políticas arancelarias dificulta la planificación y las inversiones necesarias para la sustentabilidad económica del sector agrícola, afectando de manera desproporcionada a pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor de esta industria.
Finalmente, las organizaciones del sector enfatizan que un comercio internacional libre y equitativo ofrece enormes oportunidades de crecimiento económico, permitiendo a los consumidores acceder durante todo el año a alimentos frescos, sanos y seguros, esenciales para abordar desafíos de salud pública. Por ello, hacen un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá para que colaboren en la creación de un “acuerdo sólido” que garantice un sistema económico y alimentario estable en América del Norte, beneficiando a productores, empresas y consumidores.
El mensaje es claro: es fundamental trabajar juntos para restablecer un entorno comercial estable que proteja los intereses de todos los involucrados en la cadena alimentaria.
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