Productores de carne procesada en el Reino Unido están contratando a presos como jornaleros. Para cubrir la crisis de mano de obra que se ha producido a raíz del Brexit y la pandemia del coronavirus. La Asociación de Suministradores Independientes de Carne (AIMS, en sus siglas en inglés), que representa a carnicerías, mataderos y procesadores, ha entablado contacto con el Ministerio de Justicia para solicitar una ampliación del número de reclusos con permiso especial de salida para realizar un trabajo remunerado, según adelanta el diario The Guardian en su edición de este lunes.
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El servicio penitenciario inglés facilita la contratación de presos que se encuentran en régimen equivalente al segundo grado español. Por lo general tienen la oportunidad de trabajar una jornada por semana, con la paga correspondiente. Pero el mecanismo está desbordado y el cupo de reclusos con permiso de salida para ocupar un puesto de trabajo no cubre las urgentes necesidades del sector.
La industria se resiente del explosivo combinado de bajas del mercado laboral fruto de la covid-19 —ya sea por contagios o contactos estrechos con el virus— y el bloqueo a la contratación de nacionales comunitarios no residentes en el Reino Unido desde la salida definitiva de la Unión Europea, en enero de 2021. La falta de personal afecta al transporte por carretera, supermercados y hostelería, entre otros sectores relacionados con la industria alimenticia. Y ha desembocado en una cadena de desabastecimiento que obstaculiza el despegue de la economía pese a la liberación de las restricciones para contener la pandemia.
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La Asociación Británica de la Industria Cárnica (BMPA) anticipa problemas en la producción y el suministro de menús típicos de la Navidad. Como el cochinillo y el jamón asado, que requieren de una mayor elaboración que el más popular pavo. De acuerdo con la asociación, sus miembros afrontan una extraordinaria falta del personal, que ya supera el 15%. Se quejan, además, de que los supermercados y grandes superficies están ofreciendo bonificaciones de entre 2.500 y 5.500 euros a conductores de camiones para repartir con ellos sus propios productos. “Eso significa que los fabricantes tienen dificultades para repartir sus artículos. Y esos mismos comerciantes imponen multas a sus suministradores que no entregan a tiempo los pedidos”, denuncia la BMPA en el blog de su plataforma.
Ambas entidades han recurrido también a asociaciones que ayudan a reclusos a encontrar trabajo en cuanto salen de la cárcel. “La mayoría de la industria alimenticia afronta una crisis de contratación”, afirma a The Guardian un portavoz de la AIMS. Interior insiste en que la mano de obra británica tiene prioridad ante cualquier iniciativa dirigida a extender los permisos temporales hábiles para jornaleros de la UE.
Uno de los principales sindicatos de camioneros, GMB, ha iniciado los trámites para organizar una huelga del gremio en el otoño. Que pondría en riesgo el flujo de suministros en la precampaña navideña. Solo en el sector alimentario faltan unos 90.000 conductores de vehículos pesados en Reino Unido, según los cálculos del sindicato.
